Sabado, 26 de Setiembre de 2020

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El fin de los inspectores y de la corrupción. La Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana

Por: LD. Hugo Enrique Mendoza Carbajal
Abogado fiscalista STRATEGA Consultores
hugo.mendoza@strategamagazine.com

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De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 56.7% de los mexicanos mayores de edad consideran la corrupción como uno de los grandes problemas del país, sólo detrás de la delincuencia y la inseguridad. A pesar de tal circunstancia, el 82.6% de la población a nivel nacional que sufrió algún acto de este tipo no denunció el delito.

La corrupción es un fenómeno con diversas aristas y alcances que afectan tanto organizaciones públicas como privadas, costándole al país 7,217 millones de pesos; es decir, el 0.4% del Producto Interno Bruto.

Desde 2015 se han implementado acciones para acabar con tal problemática, fortaleciendo constitucionalmente a la Auditoría Superior de la Federación y el Sistema Nacional Anticorrupción, y creando la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Por lo tanto, y con la finalidad de fomentar la confianza entre los ciudadanos al otorgar beneficios y facilidades administrativas relacionadas con las acciones y programas que las dependencias de la Administración Pública Federal implementan, el 20 de enero de 2020 se promulgó la nueva Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, buscando promover la cultura de la legalidad como eje rector del desarrollo económico y generar un entorno para el cumplimiento voluntario de obligaciones regulatorias y fiscales.

En términos simples y parafraseando al titular del Ejecutivo, con la implementación de este nuevo ordenamiento legal se pretenden erradicar los moches y extorsiones a los comercios, pues, en esencia, proyecta suspender o reducir las inspecciones del Gobierno y sujetarlos a mecanismos de selección aleatoria.

Para esto, se puso en marcha el Padrón de Confianza Ciudadana, un registro manejado por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Economía, que sustituirá las revisiones hechas por inspectores y visitadores de dependencias federales a los ciudadanos y empresas.

Para pertenecer a este padrón se requiere cumplir con los elementos que se encuentran en el sitio confianzaciudadana.gob.mx; la inscripción será voluntaria y se considerará como un acto de buena fe, a través del cual los contribuyentes, personas físicas y morales, manifiestan que se encuentran al corriente en sus obligaciones regulatorias y tributarias.

Cabe destacar que este cuerpo legal no será aplicable tratándose de las materias fiscal, aduanera, del trabajo, de seguridad social, de comercio exterior y respecto a las operaciones con recursos de procedencia ilícita; en otras palabras, todas las conferidas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

No obstante, no se descarta que algún inspector se constituya para realizar una visita, pues, se reitera, se efectuarán de manera aleatoria conforme a un sorteo.

A pesar que este nuevo régimen ha erigido instrumentos (u ocurrencias si se es detractor de la autoproclamada cuarta transformación) como la Constitución Moral y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, el impacto que tendrá la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana se desconoce y sólo tendrá éxito si cumple con sus tres objetos torales: erradicar la corrupción, el cumplimiento voluntario de obligaciones administrativas y fiscales por parte de los ciudadanos, y recortar gastos al erario al reducir la cantidad de inspectores, visitadores y auditores.