Sabado, 26 de Mayo de 2018
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Fiscalización de las campañas políticas

Por: C.P. Ricardo Manuel Derreza Gutiérrez
Asesor y planeador fiscal, Stratega Consultores
ricardo.derreza@strategaconsultores.com

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Proveedores de una gran gama están preparados para ofertar sus productos o servicios en este año 2018 electoral, en el cual se elegirá al nuevo presidente de nuestro país, así como distintos puestos federales, estatales y municipales, por lo que este año pinta para ser un buen momento económico para todas aquellas personas físicas y morales que proveen a los partidos políticos y candidatos independientes en la contienda electoral.

Asimismo, a la par que se preparan todos los proveedores, la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) está lista para cumplir con su tarea de revisar y auditar el destino que den los partidos políticos a los recursos de forma simultánea con el desarrollo de la campaña.

El recurso destinado a las campañas políticas proviene de dos fuentes, una parte es el financiamiento público, el cual se distribuye de forma equitativa, de acuerdo con lo dispuesto en las constituciones locales de cada una de las entidades federativas, y la otra parte es el financiamiento privado, el cual deriva de sus militantes, simpatizantes, autofinanciamiento y rendimientos financieros, fondos y fideicomisos, lo que no podrá rebasar el 10% del tope de gasto para la elección de que se trate.

De este modo es como se financian las campañas políticas en nuestro país, sin embargo, cada candidato cuenta con un tope de campaña, el cual tiene como objetivo definir el monto máximo a utilizar en todos los gastos que se eroguen como gastos de propaganda, operativos y de producción para medios de comunicación, desde el momento de inicio de campaña hasta el cierre de la misma.

Una vez que el candidato conoce el tope de campaña, es momento de comenzar a planear la distribución del recurso para los gastos y evitar rebasarlo, ya que la sanción puede llegar a ser perder la elección ya ganada.

Todos los proveedores deben de darse de alta en el INE como proveedor autorizado, esto ayudará a fiscalizar el gasto en campañas políticas y a tener la base de datos de precios en productos y servicios que se utilizarán por los partidos políticos. Esto a su vez ayudará a que se establezcan precios mínimos, los cuales permitirán controlar la competencia y la transparencia en este proceso.

Ahora bien, hasta aquí todo parece relativamente ordenado, ya que se cuenta con un tope de campaña, una lista de proveedores autorizados que cumplen con requisitos fiscales y que además definen sus precios en un rango de mercado, y una Unidad Fiscalizadora que se encargará de revisar y auditar el gasto en las campañas políticas. Pero el problema es, generalmente, llevar a la práctica lo que viene en la ley, problema que se convierte en que el presupuesto que se tiene es uno y el que efectivamente se gasta es totalmente diferente.

Otra variable en el proceso de fiscalización es que en México, así como los proveedores esperan esta temporada como oportunidad de negocio, sufrimos de un sector de la población que espera a ver cuál será el candidato que regale más, y es aquí donde surge el trabajo difícil para la Unidad Fiscalizadora, ya que si bien el candidato refleja 1,000 playeras, es común que utilice dinero en efectivo para comprar otras 1,000, dinero que no cumple con lo que regula la autoridad, dinero que no está fiscalizado y dinero que viola la esencia de tener campañas políticas inspiradas en propuestas e ideales sólidos que realmente generen un cambio para nuestro país.

En conclusión, el objetivo de reducir y topar las campañas políticas es cambiar la cultura electoral de todos los votantes y candidatos, es buscar dejar de derrochar el dinero de nuestros impuestos en playeras con el nombre de un partido político, es dejar de pagar las famosas “tortas” para que un grupo de gente llene los eventos del candidato. La Unidad Fiscalizadora tiene la misión de vigilar que no existan abusos del gasto en las campañas políticas, misión que se llevaría a cabo con una estructura honesta por parte de los candidatos en la planeación de su campaña, sin embargo la solución también depende de un cambio social, en el que el votante elija a su candidato con base en las propuestas expuestas en vez de “los regalos”, mismos que él, indirectamente, pagó con sus impuestos.