BITÁCORA LEGAL
Una de las promesas de campaña del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador fue el de retirar al ejército de las calles, que desde sexenios pasados realizaba acciones de seguridad. Sin embargo, ya como presidente electo cambió su estrategia para combatir la violencia, proponiendo la creación de una Guardia Nacional.
Dicho órgano se concebía como una corporación integrada por militares y policías civiles, pero bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Tal medida es vista por sectores de la población como una estrategia de militarización permanente para el combate a la delincuencia, lo que pondría en riesgo los derechos humanos de la población.
Un poco de historia
En 1995, durante el sexenio del presidente Ernesto Zedillo, mediante decreto presidencial, se sustituyó a todos los agentes de la entonces Policía Judicial Federal por elementos de la Policía Militar, teniendo como finalidad combatir la corrupción y vínculos de los policías con carteles de narcotráfico.
La toma de la decisión no fue bien recibida. La concepción histórica y original del ejército era la fuerza para enfrentar una amenaza externa, pero ahora se enfocaba en proteger la seguridad interior. Con el paso de los años, la medida de tener a los militares en las calles trajo como consecuencia que diversos elementos castrenses pasaran a las filas de la delincuencia organizada.
La violencia se recrudeció a partir del sexenio de Felipe Calderón, en 2006, trayendo consigo denuncias por abusos y violaciones de derechos humanos por las fuerzas armadas.
De igual manera, prevalecía un vacío legal, ya que la ley de la materia, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, establece como obligación central del ejército el defender la integridad, la independencia y la soberanía de la Nación, pero en la práctica su tarea principal era combatir el narcotráfico, orden dictada por el titular del Ejecutivo, único legalmente autorizado para hacerlo.
La Guardia Nacional
La Guardia Nacional se define como una institución del Estado que participará en la salvaguarda de la libertad, la vida, la integridad y el pleno ejercicio de los derechos de las personas, protegiendo su seguridad y patrimonio, así como los bienes del país, en los casos y bajo las condiciones dispuestas en la Carta Magna y en los ordenamientos legales vigentes.
El Congreso de la Unión podrá disolver a la Guardia Nacional, con pleno respeto de los derechos laborales y profesionales de sus integrantes, y previa evaluación. Todos los elementos que la comprenden recibirán formación en derechos humanos, capacitación y adiestramiento en labores policiales, así como en el dominio de un protocolo para la intervención y el uso de la fuerza, atendiendo a los criterios de necesidad, proporcionalidad y respeto a las leyes vigentes.
En cuanto a la investigación de los delitos, del fuero federal y del fuero común, corresponden al Ministerio Público, a las Policías y a la Guardia Nacional; esto dos últimos actuarán bajo la conducción jurídica del primero. Los detenidos sólo podrán ser trasladados y puestos a disposición de forma inmediata de las autoridades civiles correspondientes, además de la elaboración de un informe inmediato.
Esta institución se constituirá con los elementos de la Policía Federal, Policía Militar y Policía Naval, por lo que debe entenderse como un concepto híbrido, que toma la disciplina militar para que en lo interno este cuerpo no sea susceptible a la corrupción, y en lo externo darle la capacitación policial de proximidad y entrenamiento en derechos humanos para que responda con cercanía y brinde confianza a la ciudadanía.
Controversia
La Guardia Nacional implica una grave preocupación en materia de derechos humanos, pues se daría carácter permanente a un esquema de seguridad pública militarizado, contrario a lo que originalmente se pretendía.
Sus detractores indican que se debe enfocar en fortalecer a la policía civil y al sistema de justicia, en vez de redoblar la política de militarizar la seguridad pública, que ha demostrado ser un fracaso total.
Finalmente, el dictamen propuesto en el Congreso de la Unión fue avalado el 28 de febrero, con 463 votos a favor y 1 en contra, por lo que ya fue aprobado por los congresos locales.
¿Será un hecho la Guardia Nacional? ¿Los más de 30 millones de votantes avalan un proyecto contrario a lo que se prometió en campaña? ¿Tendrá un mando civil o será eminentemente militar? ¿Acabarán las detenciones irregulares o se seguirán vulnerando los derechos humanos de la población? ¿Seguirá la violencia y la lucha frontal contra el narcotráfico? No queda más que esperar.
