Miércoles, 20 de Junio de 2018
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Leyes al vapor

Por: Lic. Hugo Enrique Mendoza Carbajal
Abogado fiscalista Stratega Consultores.
hugo.mendoza@strategaconsultores.com

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El Congreso de la Unión es el lugar donde se tocan los asuntos más importantes del país, en el cual los representantes de los mexicanos, los diputados y senadores, se reúnen para dialogar, debatir y conciliar todas aquellas leyes que beneficien a sus habitantes.

Además de este órgano parlamentario, los que tiene potestad para iniciar leyes o decretos, son el Presidente de la República, las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, así como los propios ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al 0.13% de la lista nominal de electores; sin embargo, lo más común es que este órgano legislativo establezca el orden jurídico nacional.

El proceso legislativo consistente en presentación de iniciativa, dictamen, discusión, votación, revisión y promulgación de leyes, no es tarea fácil, pues requiere un mínimo de preparación en técnica legislativa; no obstante, actualmente hay legisladores que solo tienen la educación básica y no asistieron a la universidad (Zocalo, 2017), lo cual no es requisito para ocupar el cargo.

Tal circunstancia se puede justificar con el argumento de que la carencia de estudios de diputados y senadores es un reflejo de la sociedad que representa; empero, no existe excusa al momento en que se aprueba una norma que tiene poca coherencia y que lejos de beneficiar a los mexicanos, los perjudica, incluso llegando a trastocar los derechos que la Constitución tutela. Estos son algunos ejemplos, aprobados en fast-track antes de que terminara el periodo legislativo ordinario del 15 de diciembre de 2017.

Ley de Seguridad Interior

Aprobada el 30 de noviembre de 2017 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre del mismo año, establece el procedimiento con el que el titular del Ejecutivo podrá ordenar la intervención de las fuerzas armadas en algún punto del país, al identificar amenazas a la seguridad interior, así como cuando las capacidades de las fuerzas federales o locales resulten insuficientes para hacer frente a dicha amenaza (Presidencia de la República, 2017).

La vaguedad y amplitud en la redacción de la Ley abre la puerta para que las Fuerzas Armadas lleven a cabo medidas como la intervención de comunicaciones y la recolección de información privada de un individuo a través de cualquier método, sin que existan límites claros ni se establezcan de manera explícita controles democráticos o mecanismos de rendición de cuentas (R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, 2017).

La intervención militar no tendrá algún límite de tiempo, quedando al arbitrio de las fuerzas armadas, y la información relacionada a medidas de seguridad será en todo momento de tipo confidencial, no habiendo transparencia. Sin supervisión alguna, el Ejército podrá intervenir incluso contra protestas sociales si éstas se consideran como no pacíficas. En resumen, tal ordenamiento no posee controles para verificar el respeto a los derechos humanos de la ciudadanía.

Ley General de Biodiversidad

Con la intención de armonizar el marco legal nacional con los acuerdos internacionales suscritos por México, se buscó aprobar un ordenamiento que regulara la privatización de recursos naturales y el uso los recursos genéticos y el conocimiento asociado a estos, siempre que exista algún acuerdo de acceso y reparto de beneficios para sus dueños o poseedores.

Así, sin consulta ni discusión abierta, el Senado aprobó la Ley de referencia el 14 de diciembre del año pasado, la cual, lejos de su intención inicial, perjudica áreas naturales protegidas y especies silvestres, así como a grupos indígenas y campesinos (Greenpeace México, 2017). Se arguye lo anterior puesto que la norma abre las puertas para que el sector privado y las empresas transnacionales puedan, a través de las patentes, apropiarse de genes, recursos fitogenéticos en general y el conocimiento tradicional asociado a ellos, lo cual acabaría con territorios y violaría derechos fundamentales de sus habitantes.

Sin bases que fundamenten la verdadera protección de la biodiversidad de México, la responsabilidad de dar marcha atrás a la Ley General de Biodiversidad, o por lo menos eliminar las lagunas e imprecisiones de su contenido, es de la Cámara de Diputados, esperando que sean escuchadas las demandas de grupos ambientalistas y asociaciones civiles.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Por último, vale la pena comentar las reformas a estas leyes, las cuales buscan establecer los lineamientos con los que se definirá la clasificación de videojuegos en venta en el país, con el objetivo de frenar la comercialización de videojuegos inapropiados para los menores de edad (Coordinación de Comunicación Social, 2017).

La reforma señala sanciones con multa de tres mil y hasta treinta mil días de salario mínimo vigente, a los distribuidores, comercializadores y arrendadores de videojuegos que no exhiban la clasificación del juego en la portada, o por la venta de los mismos a menores. Lejos de presentar una identificación que acredite la mayoría de edad para comprar un videojuego, los comercializadores no podrán publicar o exhibir un juego si su clasificación no es visible con base en los nuevos lineamientos.

Aunado a esto, la Secretaría de Gobernación establecerá las nuevas clasificaciones de acuerdo al contenido de los videojuegos, de manera similar a las de las películas. Lo cual significa que los distribuidores deberán pagar para que la dependencia avale y certifique los productos, cuestión que podría tener un impacto en el precio final al consumidor.

Todas y cada una de estas iniciativas de ley posteriormente aprobadas y promulgadas, si bien buscan un beneficio al sector de la población a la que van dirigidas, lo cierto es que el proceso legislativo al que fueron sometidas es deficiente, resaltando poca técnica argumentativa en su redacción, llegando a vulnerar garantías y derechos previamente protegidos, revelando la manera exprés de sus creadores para emitirlas en el último minuto.

Referencias Bibliográficas

Coordinación de Comunicación Social. (27 de abril de 2017). Aprueba Senado que SEGOB clasifique contenido de los videojuegos. Recuperado el 2017 de diciembre de 2017, de Senado de la República: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/36184-aprueba-senado-que-segob-clasifique-contenido-de-los-videojuegos.html

López Velarde Campa, J. A. (10 de febrero de 2010). El proceso de creación de leyes en México. Recuperado el 26 de diciembre de 2017, de Mediagraphic: http://www.medigraphic.com/pdfs/aapaunam/pa-2010/pae101m.pdf

Greenpeace México. (08 de febrero de 2017). NO a la iniciativa de la Ley General de Biodiversidad del Partido Verde. Recuperado el 19 de diciembre de 2017, de Greenpeace México: http://www.greenpeace.org/mexico/es/Noticias/2017/Febrero/-Solicitamos-que-la-iniciativa-de-Ley-General-de-Biodiversidad-del-Partido-Verde-sea-retirada/

Presidencia de la República. (21 de diciembre de 2017). Diario Oficial de la Federación. Recuperado el 28 de diciembre de 2017, de DECRETO por el que se expide la Ley de Seguridad Interior: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5508716&fecha=21/12/2017

R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales. (30 de noviembre de 2017). La Ley de Seguridad Interior abre la puerta al espionaje militar. Recuperado el 27 de diciembre de 2017, de R3D.mx: https://r3d.mx/2017/11/30/la-ley-de-seguridad-interior-abre-la-puerta-al-espionaje-militar/

Zocalo. (27 de febrero de 2017). Los 27 Diputados de México sin estudios. Recuperado el 28 de diciembre de 2017, de Zocalo: http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/los-27-diputados-de-mexico-sin-estudios