Miércoles, 14 de Abril de 2021

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Remesas

Por: MDE. Karen Lizbeth Ayala García
Abogada en el Departamento Jurídico Corporativo STRATEGA Consultores
karen.ayala@strategamagazine.com

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El fenómeno migratorio hacia el exterior se inició en México con un alcance masivo y una mayor incidencia en la realidad económica, social, cultural y política de los diversos estados, municipios, ciudades y comunidades del país.

Son varios los factores que propician el fenómeno migratorio, la continua y creciente demanda de empleo para trabajadores mexicanos en los Estados Unidos y Canadá, así como la recurrente crisis de la economía mexicana, llevan a miles de connacionales a ver como única alternativa de trabajo y prosperidad familiar la de migrar, ya que en México la capacidad del gobierno para ofrecer alternativas y facilidades al sector privado, a fin de generar las plazas laborales que la sociedad demanda, no ha sido del todo satisfactoria.

Esta situación de emigrar a otro país en busca de una mejora en la situación económica tiene repercusiones negativas, como la separación de familias y las dificultades que conlleva mudarse a un lugar con diferentes costumbres e idioma, pero también trae situaciones positivas, pues se abren alternativas para una población joven y emprendedora, con las remesas surge una opción de bienestar para millones de personas en pobreza, se promueve la generación de empleo local, el impulso del desarrollo regional y el equilibrio en el ingreso nacional.

Estas remesas satisfacen el consumo básico de millones de familias receptoras, contribuyen a la educación, salud, vivienda e incluso a la creación de negocios.

El 97% del total de las que ingresan a territorio nacional provienen de los Estados Unidos de América, ocupando México el tercer lugar a nivel mundial con mayor ingreso de remesas, con más de 33 mil millones de dólares, equivalente al 2.8% del producto interno bruto nacional.

Pero ¿qué tan significativas y estratégicas son para México? Como en todos los países exportadores de trabajadores, se dirigen mayormente al consumo familiar, aunque es cierto que tengan otros propósitos, en especial el financiamiento de vivienda, favorecer el ahorro y la inversión de bienes y activos productivos.

Por desgracia, y haciendo una comparativa, en Estados Unidos de América un trabajador migrante promedio capta un aproximado de 34,975 dólares al año, a diferencia de México, en el que un empleado en igual condición recibe una cantidad aproximada de 6,682 dólares, por lo tanto, las remesas representan el principal sustento para un 28.5% de los hogares receptores.

En el año que acaba de concluir, se preveía un desmoronamiento en la llegada de remesas a consecuencia de la afectación económica que provocó la pandemia de COVID-19; sin embargo, según estadísticas y cifras de gobierno federal, fue todo lo contrario, aumentaron y alcanzaron cifras históricas.

Conforme a lo señalado por el Banco de México, entre los meses de enero y agosto, México tuvo un ingreso por 26 mil 395 millones de dólares, cantidad que no se había alcanzado en un periodo anterior, y que fueron 9.35 por ciento superiores a comparación de los 24 mil 138 millones en 2019.

La tendencia a la utilización de los medios electrónicos como los idóneos para efectuar la transferencia de remesas ha ido en aumento, sin embargo, prevalece la operación de un vasto número de mecanismos convencionales e informales que utilizan los migrantes, a fin de compensar los elevados costos de las transferencias formales.

Es por eso que su impacto en el desarrollo económico y sociocultural debe ser valorado, pues son una de las principales fuentes de ingreso para nuestro país; las remesas son reguladas por los Bancos de la Reserva Federal y Banco de México, pero siguen teniendo normas poco claras, trayendo como consecuencia que los ciudadanos mexicanos en el exterior y los receptores del ingreso sigan sufriendo abusos en el cobro de estos recursos, ya sea por comisiones, robos e incrementos en los tipos de cambio, por lo tanto, es necesario que las autoridades financieras, con apoyo del gobierno federal, tengan un repertorio normativo que tipifique y responsabilice a dichas instituciones a fin de solventar los problemas que se presenten.