BITÁCORA LEGAL
Por décadas, el sector de telecomunicaciones en México ha sido un campo de tensión entre desarrollo tecnológico, libertades individuales y control institucional. Desde la polémica “Ley Televisa” (2006), que consolidó intereses privados en radiodifusión, hasta la reforma constitucional de 2013-2014 que dio vida al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como órgano autónomo, el país ha intentado equilibrar competencia, regulación y derechos digitales. Sin embargo, la más reciente reforma de 2025 vuelve a encender las alarmas, ya que con el argumento de acelerar la transformación digital y ampliar el acceso, el gobierno federal promovió una reestructura profunda del ecosistema regulador, generando reacciones encontradas entre especialistas, empresas y organismos de derechos humanos.
Presentada por el Ejecutivo federal, la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión propone cambios estructurales de alto impacto. El más significativo es la eliminación del IFT, fundado para garantizar la competencia y la neutralidad técnica, cuya función será asumida por la recién creada Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), un organismo desconcentrado del gobierno federal. Además, incluye la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), con autonomía técnica y operativa, y de la Comisión Nacional Antimonopolios (CNA), para atender temas de preponderancia y competencia. Asimismo, se anunció un órgano técnico ciudadano autónomo dentro de la ATDT para manejar concesiones públicas, en especial de medios comunitarios e indígenas. Este movimiento, aunque justificado bajo el argumento de eficiencia y transformación digital, ha sido criticado por debilitar los contrapesos institucionales y concentrar el poder regulatorio en el Ejecutivo. Por otra parte, la ley incorpora medidas como la posibilidad de establecer un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil –una versión renovada del fallido PANAUT–, sanciones de hasta 5 % de ingresos a concesionarios que transmitan "propaganda extranjera" y la facultad para que autoridades de seguridad utilicen inhibidores de señal. Estos elementos han generado inquietudes en organismos empresariales y de derechos humanos, por su impacto en privacidad, libertad de expresión y cumplimiento de tratados internacionales como el T-MEC.
El mayor punto de controversia recayó en el Artículo 109, que facultaba a la ATDT a ordenar el bloqueo de plataformas digitales (como redes sociales, mensajería o servicios de streaming) cuando “así lo determinara la autoridad competente”. La falta de definiciones claras sobre los supuestos de aplicación, los criterios técnicos, la ausencia de control judicial y la ambigüedad en el alcance de “plataformas” detonaron críticas generalizadas. Organismos como ARTICLE 19, R3D y la ONU alertaron sobre riesgos de censura, abuso de poder y vulneración de derechos fundamentales. Ante la presión social, empresarial e internacional, el Senado optó por eliminar el artículo 109 del dictamen final, aunque otras disposiciones igualmente delicadas permanecen vigentes, como la obligación de registrar cada línea móvil con la CURP del usuario, lo que implica una vinculación directa con datos biométricos. Esta medida centraliza información sensible en un contexto con débiles garantías de protección. Aunque se afirma que la geolocalización sólo será posible con orden judicial, la acumulación de referencias personales amplía el margen para abusos y vigilancia indebida.
Ahora bien, un punto positivo de la reforma es que impulsa el acceso universal a Internet, sobre todo en zonas marginadas, y prioriza las próximas licitaciones de espectro 5G. Las radios comunitarias e indígenas podrán vender publicidad y recibir concesiones gratuitas, fortaleciendo la diversidad mediática.
La reforma de 2025 reconfigura el sistema de telecomunicaciones en México. Si bien promueve la inclusión y la innovación tecnológica, también abre la puerta a mecanismos de control que deben observarse con atención. Este nuevo entorno regulatorio representa tanto una oportunidad como un desafío: operar bajo un marco cambiante exige mayor capacidad de adaptación, cumplimiento normativo riguroso y un entendimiento profundo de las implicaciones legales y sociales del ecosistema cibernético mexicano. Esta transformación no puede avanzar a costa de los derechos fundamentales. El reto será lograr un equilibrio entre la modernización del Estado y la defensa de las libertades en la era de la conectividad total.
