

"La salud pública no es un gasto, es una inversión en el futuro de nuestras comunidades”.
Margaret Chan.
Mientras el control de las infecciones en algunas regiones del mundo sea débil, los riesgos de la reaparición de enfermedades en nuestras comunidades son altos. Tal es el caso del sarampión en la región de las Américas, la cual había logrado, tras veintidós años de arduo trabajo, la certificación como zona libre de este padecimiento en dos ocasiones –la primera en 2016 y la segunda en 2024–. No obstante, el 10 de noviembre de 2024, tras documentarse la transmisión del virus en un periodo de doce meses ininterrumpidos en Canadá, la Organización Panamericana de la Salud anunció que el territorio pierde su estatus de libre de sarampión.
La alarma es mayor si consideramos que hay países, sobre todo en Asia, como Yemen, Indonesia, India y Pakistán, donde la circulación del virus es constante, asociada a la alta movilidad y migración, lo cual incluso ha ocasionado el restablecimiento de la transmisión en países europeos como Reino Unido, España y Austria –que recientemente han perdido su certificación–, así como Francia o Alemania, donde se han tenido que implementar medidas coercitivas, jurídica y socialmente controversiales, entre las que destaca la obligatoriedad de la vacunación cuando los intereses colectivos prevalecen sobre la integridad individual.
Ahora bien, ¿por qué nos preocupa el sarampión? Porque es muy contagioso: una sola persona puede ocasionar hasta dieciocho casos secundarios, además de complicaciones como neumonía, encefalitis (inflamación del cerebro), ceguera o muerte en los grupos más vulnerables –infantes menores de 5 años o gente que vive en condiciones de pobreza–.
Y aunque la denominación y la certificación como región libre de sarampión no es un reconocimiento permanente ni una garantía de protección definitiva, podemos señalar dos grandes áreas en las que tiene impacto: la primera en la salud pública y la calidad de vida; la segunda en la economía y la productividad.
En materia de salud pública, podemos observar su impacto en la disminución de riesgos de secuelas, discapacidad y mortalidad; lo que mejora el bienestar y la esperanza de vida. Por otro lado, implica una menor carga de gasto para los sistemas de salud, al disminuir la demanda de atención y la saturación de los servicios médicos.
En el ámbito económico, se puede ver el impacto en la productividad laboral, al disminuir el ausentismo por enfermedad, ya sea de los trabajadores o sus familiares; así como la reducción del gasto público en salud y el crecimiento, a través del impulso al turismo y al comercio al cumplir con los más altos estándares de sanidad internacional.
En suma, para que un país o región mantenga la eliminación de alguna enfermedad y, mejor aún, tenga un reconocimiento internacional de seguridad sanitaria, los gobiernos deben contar con un sistema robusto de vigilancia epidemiológica y acciones preventivas, como la vacunación, disponibles para toda la población.
Sin embargo, mi interés con estas líneas finales es invitar al lector a ser un agente de cambio y a contribuir a la concienciación de las comunidades respecto a la corresponsabilidad en salud; a actuar, en la medida de sus capacidades, para su bienestar y a tomar decisiones informadas en materia de salud preventiva, pero siempre a partir de fuentes confiables; a evitar caer en la infodemia y el sensacionalismo al difundir noticias escandalosas, exageradas o engañosas que terminan por desacreditar el beneficio de la vacunación y su impacto en la salud poblacional.
Bien dicen que “la vacunación salva vidas, pero no sirve de nada si tenemos más miedo a los mitos que a la enfermedad”.









