Viernes, 16 de Noviembre de 2018
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Robo de identidad

Por: L.D. Karen Lizbeth Ayala García
Abogada Departamento Jurídico Corporativo STRATEGA Consultores.
karen.ayala@strategaconsultores.com

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“Comúnmente, el delito de robo de identidad se usa de manera ilegal para abrir cuentas de crédito, contratar líneas telefónicas, seguros de vida, realizar compras e incluso, en algunos casos, para el cobro de seguros de salud, vida y pensiones.” (www.conducef.gob.mx).

El denominado robo, suplantación o usurpación de identidad o bien llamado fraude, en algunos estados de la República, es un delito y como tal se prevé en la legislación mexicana, ya que es un delito de rápida expansión que es utilizado por los grupos delictivos para diferentes fines, resaltando por supuesto, el económico; se puede dar vía electrónica por medios informáticos, medios sociales electrónicos o a través de engaños directamente con el titular, haciéndose pasar por este y utilizando su identidad ante instituciones u otras personas ya sean públicas o privadas.

El robo o usurpación de identidad también puede darse cuando se usa la identidad e información para difamar o manchar el nombre del propietario a través de redes sociales; para obtener créditos ante instituciones crediticias, o simplemente para hacer transacciones en persona, por teléfono y vía electrónica para efectuar la compra de productos y servicios.

Pero ¿qué es la identidad? Según el Diccionario de la Real Academia Española (RAE), se entiende como “El conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que lo caracterizan frente a los demás”, siendo por ende, el conjunto de características, datos o información, que permiten reconocerla en su individualidad; dicho como tal, es de suma importancia conocer y salvaguardar nuestra identidad de hechos punibles.

Con base en la exposición de motivos para la tipificación del delito, la identidad cuenta con varias características, datos e informaciones, de diferente naturaleza como la firma, los rasgos fisonómicos y la huella digital, hasta los que se le atribuyen en función de su relación en sociedad y particularmente con el Estado, como el nombre y los códigos de identidad, el Registro Federal de Contribuyentes, el número de seguro social o la Clave Única del Registro de Población (CURP), la firma electrónica, las claves, contraseñas y códigos para realizar transacciones bancarias en línea, así como para el acceso a páginas de internet y redes sociales.

Según datos del Banco de México, a nivel mundial, nuestro País ocupa el lugar número ocho de los países que más comete el delito de robo o usurpación de identidad.

De igual forma, se ha resaltado que este delito ha proliferado en todo el país y ocurre en un 67 % por la pérdida o descuido de documentos, en 63 % por el robo de carteras o portafolios y el 53 % por la información tomada de las tarjetas bancarias y en general de las instituciones financieras.

Existen diferentes repercusiones para las personas que han sido víctimas de este delito, por una parte la cuestión financiera y por otra la fiscal.

En materia financiera, se ha vuelto común que las víctimas del delito, se den cuenta hasta que toman la decisión de solicitar un crédito o bien contratar un servicio y les es negado por encontrarse en buró de crédito, o cuando sus estados bancarios se ven alterados con cobros que no fueron efectuados por el titular y por ende, no los reconoce.

En el 2017, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) mencionó que el fraude tradicional o usurpación de identidad ha mutado y evolucionando debido a los avances tecnológicos, hasta el hecho de que los grupos delictivos envían mensajes a los teléfonos celulares de los particulares, o realizan llamadas suplantando la identidad de bancos para robar la información de clientes.

En materia fiscal, se han dado casos recientes en los que utilizan la firma electrónica y contraseñas de los titulares para solicitar ante el SAT el saldo a favor y así recibir la devolución de las retenciones, o ya en casos más extremos y preocupantes, para emitir comprobantes fiscales, con los que pueden generar y comprobar ingresos a favor de otra persona.

Esto trae como consecuencia que las víctimas del delito, tengan que manifestar que han sido afectados por el delito de robo de identidad, ante la Secretaría de Hacienda y el SAT inicie una línea de investigación para el deslinde de responsabilidades fiscales del titular, apoyándose en la autoridad de la denominada “materialidad” del titular establecida en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, con la intención de cancelar los comprobantes fiscales, y por la parte de las devoluciones automáticas fraudulentas se deslinde de responsabilidad y se inicie la búsqueda del responsable.

En el Diario Oficial de la Federación, se publicaron medidas de cuidado y prevención obligando a los Bancos a reforzar los sistemas que manejan, supervisión de sus empleados, así como llevar un control de quejas de los clientes.

Todos somos propensos a ser víctimas del delito de robo de identidad, por lo que la CONDUSEF, ha realizado varias recomendaciones para tratar de prevenirlo, entre las que destacan las siguientes:

  • No ingresar nombres de usuarios ni contraseñas en sitios desconocidos; tener cuidado en redes públicas.
  • Utilizar solo páginas electrónicas que cuenten con certificados de seguridad.
  • Evitar compartir información financiera, vía telefónica o en cualquier medio.
  • En caso de extravío de documentos personales presentar una denuncia ante la autoridad competente
  • Evitar proporcionar datos personales a encuestadores vía telefónica.
  • Revisar periódicamente los estados financieros para detectar cualquier movimiento u operación irregular.

El gobierno mexicano ha tratado de implementar medidas para prevenir este delito, sin embargo no han sido suficientes, ya que cada vez se intensifica y muta; sería indispensable contar con un sistema nacional de identidad de personas, sin embargo lo que nos queda es seguir recomendaciones, evitar información personal en redes sociales y auxiliarnos de las Instituciones encargadas de dar seguimiento, como CONDUSEF, PROFECO y la Procuraduría General de cada estado.