BITÁCORA LEGAL
En el ecosistema corporativo contemporáneo existe un axioma jurídico tan seductor como peligroso: "lo que no está prohibido, está permitido". Bajo esta lógica, muchas organizaciones toman decisiones considerando únicamente la inexistencia de una prohibición expresa, relegando a un segundo plano principios jurídicos, criterios judiciales, riesgos regulatorios y responsabilidades éticas.
Las lagunas de la ley o “zonas grises” son espacios donde la ley resulta ambigua, deliberadamente flexible o técnicamente incompleta. A menudo, son resultado de una realidad tecnológica o social que avanza a una velocidad que el proceso legislativo no puede alcanzar. Sin embargo, en la práctica jurídica, especialmente en México, la ausencia de una prohibición literal no necesariamente convierte una conducta en legal, legítima o libre de consecuencias. De hecho, gran parte de los conflictos corporativos relevantes de los últimos años surgieron de actividades que operan dentro de zonas grises legales. Para entender la gravedad de navegar estas aguas sin brújula, basta observar a gigantes que, confiando en el silencio de la ley, terminaron en el ojo del huracán judicial.
1. Uber y la clasificación laboral. Uber es quizá el ejemplo más emblemático del aprovechamiento de lagunas legales a nivel global. Durante años, la empresa operó bajo la premisa de que, al no existir una regulación específica para plataformas de intermediación, sus conductores no eran empleados, sino "socios independientes". El conflicto surgió cuando autoridades laborales en jurisdicciones como Reino Unido y España argumentaron que la "zona gris" no era un vacío, era una forma de eludir leyes existentes. En 2021, la Corte Suprema del Reino Unido dictaminó que los conductores debían ser considerados trabajadores con derecho a vacaciones y salario mínimo. La lección es clara: el silencio de la ley respecto a las apps no exime del cumplimiento de los principios fundamentales del derecho del trabajo.
2. Apple y el "Double Irish". Apple aprovechó durante años las diferencias entre las leyes tributarias de Irlanda y Estados Unidos. Mediante el uso de filiales que no tenían residencia fiscal definida, la compañía logró tributar a tasas ridículamente bajas por sus beneficios en Europa. La Comisión Europea intervino no bajo una ley fiscal específica, sino bajo el concepto de "ayudas de Estado ilegales", argumentando que Irlanda había otorgado una ventaja selectiva injusta. Tras años de litigio, en septiembre de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ratificó que Apple debía pagar 13 mil millones de euros en impuestos atrasados. Lo que era "legalmente posible" bajo la letra de los tratados terminó siendo inválido bajo el espíritu de competencia justa.
En el sistema jurídico mexicano, el principio de legalidad constituye una de las garantías fundamentales del Estado constitucional de derecho, al establecer que toda actuación de la autoridad debe encontrarse fundada y motivada conforme a las disposiciones legales vigentes. Este principio no sólo protege a las personas frente a actos arbitrarios del poder público, sino que brinda certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre gobernados y autoridades. Sin embargo, su relevancia trasciende la dimensión garantista, pues opera como un límite material y formal para el propio Estado, en tanto las autoridades únicamente pueden ejercer aquellas atribuciones que la ley les confiere de manera expresa, mientras que los particulares gozan de libertad para actuar siempre que no contravengan el marco jurídico.
No obstante, la experiencia mexicana demuestra que las autoridades fiscales, administrativas y judiciales han evolucionado hacia una interpretación más sustantiva del derecho, privilegiando la realidad económica y la intención material de las operaciones por encima de las formas aparentes. Hoy, el riesgo reputacional y legal de estirar la liga de la legalidad es más alto que nunca. Las autoridades ya no se limitan a leer el texto; analizan la intención. Para el directivo moderno, la pregunta no debería ser "¿es esto legal?", sino "¿es una interpretación defendible ante un juez que prioriza la sustancia sobre la forma?". Tanto las autoridades mexicanas como los organismos internacionales han fortalecido conceptos como: cumplimiento normativo; debida diligencia; transparencia corporativa; prevención de lavado de dinero; responsabilidad administrativa; gobierno corporativo; gestión integral de riesgos. En consecuencia, las empresas no son evaluadas sólo por el cumplimiento de la norma, sino por la razonabilidad y autenticidad de sus operaciones. En la zona gris, la mejor estrategia será la prudencia jurídica.
