BITÁCORA LEGAL
En 2009, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció la infertilidad como una enfermedad del sistema reproductivo, debido a que tiene repercusiones en los ámbitos social, familiar, psicológico y económico; consiste en la incapacidad para lograr el embarazo tras 12 meses o más de relaciones sexuales regulares sin protección. Después de realizar estudios, en abril del año en curso, emitió su nuevo informe arrojando pruebas concluyentes, se indicó que cerca del 17.5% de los adultos presentan esterilidad en algún momento de su vida, demostrando que se trata de un problema de salud pública mundial; ya que la elevada prevalencia de la infertilidad, aunque puede variar de una región a otra, continúa con tasas similares independientemente si los países son de ingresos altos, medianos o bajos; revelando que la esterilidad no hace distinciones y es más común de lo que creemos.
En México, la infertilidad afecta a cerca de 1.5 millones de personas. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), 17% de las mujeres en edad reproductiva padecen infertilidad, mientras que el Inegi declara que del 15% de las parejas en edad reproductiva con problemas de fertilidad, sólo 53% recurre a un especialista. Aun así, a pesar de la magnitud del problema, las soluciones disponibles resultan poco accesibles y tal como señaló el doctor Tedros Adhenom Ghebreyesus, director general de la OMS, “la enorme proporción de afectados evidencia la necesidad de ampliar el acceso a los tratamientos y de incluir la esterilidad en las políticas y los estudios sobre salud, de modo que las personas que lo deseen dispongan de vías seguras, eficaces y asequibles para tener hijos”.
Afortunadamente, desde hace casi cuatro décadas se encuentran disponibles técnicas de reproducción humana asistida que han permitido a millones de personas concebir un hijo. En México se practican más de 80 mil procedimientos de este tipo al año. En diciembre de 1974, en el contexto de la promoción del uso generalizado de métodos de planificación familiar, se reformó el artículo 4 de la Constitución Política para incorporar, como garantía individual, el derecho a la libre decisión reproductiva. México se convirtió en el segundo país en el mundo y el primero en América Latina en consagrar este derecho.
No obstante, cuando el constituyente permanente aprobó esa reforma hace ya cuarenta años, seguramente no pudo imaginar que la ciencia iba a avanzar hasta dar origen a la reproducción humana asistida. Ya que, actualmente, si bien existe normatividad en relación a la reproducción humana asistida en el ámbito federal y en algunas entidades federativas, es precaria y generalizada, debido a que el país se ha quedado rezagado y al momento de legislar en la materia no se han tenido avances, y es así que sigue sin contar con una ley que regule dichas prácticas.
Ahora bien, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) regula los establecimientos que van a prestar servicios y cuenta con un manual que indica los trámites que deben realizar los centros de salud, pero no define la forma en la cual se va a realizar. Según datos obtenidos por el Grupo de Información en Reproducción Elegida, la Cofepris reconocía que en 2013 existían en México 52 establecimientos autorizados para aplicar técnicas de reproducción asistida; y van en aumento, entre 2003 y 2020 se incrementó en 160% el número de establecimientos privados y públicos con licencia sanitaria para llevar a cabo estos métodos. Sin embargo, Olga Sánchez Cordero, expresidente del Senado, en 2022, al participar en los diálogos parlamentarios “Reproducción Asistida, Visión de Salud Pública”, refirió la existencia de clínicas clandestinas que emplean prácticas perjudiciales que ponen en riesgo la salud de la población.
La falta de regulación no sólo afecta y pone en estado de indefensión a las personas que se someten a tratamientos, sino que impacta a los profesionales que los aplican, pues se carece de seguridad jurídica. El vacío legal ha propiciado que la infertilidad no sea un problema cubierto por seguros médicos ni se contemplen las prácticas de reproducción asistida; también ha favorecido la existencia de contratos exclusivos, abusivos o que rayan en lo ilegal; tratamientos costosos a falta de tabulación; así como un mercado para el turismo médico reproductivo en algunas partes del país.
En resumen, la infertilidad es un problema de salud pública que va en aumento, y la ignorancia y el tabú de la población, así como la falta de legislación respecto a las prácticas empleadas, genera una serie de problemas y desafíos. Sin una normativa clara, nos enfrentamos con cuestiones éticas, jurídicas y de equidad. En pocas palabras, una legislación adecuada es crucial para asegurar prácticas seguras, justas y éticamente responsables en el ámbito de la reproducción asistida.
