CÁTEDRA
La política ya no sólo se disputa en mítines, debates o spots oficiales. También se juega en historias de Instagram, trends de TikTok y videos “casuales” que parecen espontáneos. En ese nuevo escenario, los influencers dejaron de ser espectadores: ahora son actores, amplificadores y, en algunos casos, candidatos.
Y ahí empieza el problema. Porque mientras la propaganda tradicional está regulada, etiquetada y fiscalizada, la que circula en redes muchas veces se disfraza de opinión personal. Un video “orgánico”, una recomendación aparentemente inocente o un comentario político entre risas pueden ser, en realidad, piezas de una estrategia mucho más grande.
En México, durante procesos electorales recientes, decenas de influencers difundieron mensajes alineados con partidos o candidaturas sin transparentar si existía pago, acuerdo o beneficio detrás. El contenido se consumía como entretenimiento, pero operaba como posicionamiento político. Mientras eso pasaba, la regulación iba varios pasos atrás. Y es que, cuando el ciudadano no puede distinguir entre opinión y propaganda, el terreno democrático se inclina.
Pero la historia no termina ahí. El fenómeno dio un paso más: los creadores de contenido ya no sólo promueven candidatos, ahora quieren convertirse en ellos.
Casos hay varios. Figuras como Mariana Rodríguez demostraron que una audiencia digital puede convertirse en capital político real. Perfiles híbridos como Alessandra Rojo de la Vega confirman que la influencia ya no es sólo mediática: es electoral.
La pregunta incómoda es evidente: ¿estamos votando por propuestas o por popularidad?
Porque aquí hay un cambio profundo. Antes, la legitimidad política se construía con trayectoria, estructura y discurso. Hoy, también se mide en seguidores, alcance y engagement. La política se vuelve narrativa. Y la narrativa, espectáculo.
Desde el derecho, esto abre una grieta enorme.
¿Un influencer que apoya a un candidato está ejerciendo su libertad de expresión o haciendo propaganda? ¿Importa si le pagaron o si no lo declara? ¿Quién lo fiscaliza?
Las reglas actuales no alcanzan. Fueron diseñadas para televisión, radio y prensa, no para un ecosistema donde cualquiera puede emitir contenido político con impacto masivo desde su celular. Y mientras el marco legal intenta adaptarse, la realidad ya cambió.
El otro gran jugador en esta historia son las plataformas digitales. No son neutrales. Sus algoritmos deciden qué se vuelve viral y qué desaparece. Y en esa lógica, lo que genera emoción –enojo, identificación, polémica– siempre gana.
La propaganda encubierta no sólo existe: es premiada por el sistema.
Aquí es donde el problema deja de ser electoral y se vuelve estructural. Porque si la conversación pública se construye sobre contenidos que no son transparentes, el ciudadano toma decisiones con información incompleta. No necesariamente falsa… pero sí manipulada en su forma de presentarse.
Y eso tiene consecuencias reales.
Ahora bien, tampoco se trata de demonizar a los influencers. Muchos han logrado acercar la política a audiencias que antes simplemente no estaban interesadas. Han hecho digeribles temas complejos y han movilizado conversaciones necesarias.
El problema no es que hablen de política, es cuando no sabemos desde dónde están hablando. Ahí es donde entra el verdadero reto: la transparencia.
No se trata de censurar ni de limitar la participación digital. Se trata de establecer reglas mínimas del juego. Que el contenido patrocinado se identifique. Que los beneficios se reporten. Que la audiencia sepa cuándo está viendo una opinión y cuándo está viendo una estrategia.
Porque sin esa línea clara, todo se mezcla. Y cuando eso ocurre, la confianza se rompe.
Del TikTok al Congreso, la política encontró un nuevo lenguaje: más rápido, emocional y cercano, pero más difuso, opaco y difícil de regular.
Hoy, el poder no se construye únicamente desde las instituciones. También se construye desde la pantalla.
