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Infancia robada: menores infractores

Por: MDC. Daniela Paz Aguirre
Maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, por la Universidad Panamericana de México
dannypaz2107@gmail.com

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En el marco de la crisis de inseguridad que enfrenta México desde hace varios años, el reclutamiento de niñas, niños y jóvenes por los grupos delictivos ha ido creciendo de manera alarmante. Si bien se desconocen con exactitud las causas y el número de adolescentes reclutados, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estima que en 2015 la cifra era de 30 mil niños captados por el crimen organizado, para el 2018 dicha cifra se elevó a 460 mil, de acuerdo con la . El agravante en dicha afirmación es la velocidad con la que el fenómeno ha crecido y la invisibilidad que supone para el Estado y la sociedad.

Entender la vulnerabilidad por la que atraviesan cientos de miles de menores en nuestro país resulta una tarea titánica de la que poco se habla, poco se entiende y poco se conoce. No sólo por la ausencia de cifras reales, sino porque existen factores tan diversos y complejos que van desde la bioquímica humana hasta los entornos sociales, jurídicos, económicos y familiares que rodean a los jóvenes.

Al respecto, Gabriela Paz, psicóloga especialista en adolescentes y entrevistada para el presente artículo, señala que “en esta etapa, el lóbulo prefrontal encargado de razonar la toma de decisiones aún no termina de madurar, lo que supone decisiones arrebatadas, impulsivas y poco pensadas que pueden llevar a un menor de edad a la comisión de una conducta delictiva, pues no se tiene conciencia plena de las acciones”. Lo anterior, aunado a situaciones de pobreza, falta de educación, violencia intrafamiliar, ausencia de tutores responsables, pocos o nulos espacios de esparcimiento y recreación, contacto con células delincuenciales por amigos o familiares, la nociva idealización de personajes ficticios en series o películas e, incluso, trastornos psicológicos o psiquiátricos hacen de los jóvenes un sector de la sociedad completamente vulnerable y muy atractivo a los grupos criminales.

La promesa: una vida corta pero cargada de adrenalina, dinero, poder, mujeres, drogas y armas. La realidad: depresión, violencia, rechazo, estigmas, penas privativas de la libertad y, en muchos casos, la muerte. El caso de los jóvenes que cometieron delitos es muy sui generis, pues son perpetradores y víctimas, y no deben perder esa calidad, pues recordemos que la obligación del Estado es la de salvaguardar el interés superior de los menores y proteger sus derechos.

Entonces, ¿cómo juzgar a un adolescente cuando incurre en una actividad delictiva? En una charla con la Juez de control, juicio oral y ejecución de sanciones, Erika Sobeyda Juárez Portillo, del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA), expresó lo complejo que resulta reinsertar a los menores a una vida libre de violencia, primeramente, por el escaso presupuesto asignado al aparato judicial involucrado; segundo, por la invisibilidad del Estado y de la sociedad, y tercero, por el resquebrajamiento de la célula social primaria que representa la familia.

Para entender el contexto jurídico que implica la justicia para adolescentes, debemos considerar que hasta 2017 se creó la primera Ley de Justicia para Adolescentes, basada en la ratificación de los distintos tratados Internacionales que protegen los derechos humanos de la infancia y adolescencia y de los que México es Estado miembro. En dicha ley se establecen claros principios para la aplicación de justicia, entre ellos, el de la transversalidad, la reinserción y la especialización de las autoridades involucradas. Derivado de dichos principios, se crean tres grupos etéreos que en gran medida rigen las penas punitivas para la comisión de delitos: el primero será de los 12 a los 14 años; el segundo, de 14 a 16 y el tercero, de 16 a 18 años. Para las penas privativas de la libertad deberá considerarse la edad e irán de los 3 a los 5 años, esta última medida aplicable únicamente al tercer grupo.

No obstante, en un país donde vemos a niños y jóvenes involucrados en crímenes escalofriantes y siendo reclutados por el crimen organizado, el reclamo de la sociedad por penas más agresivas es cada vez más fuerte, en el entendido de que uno de los “anzuelos” utilizados por los grupos delictivos es la “corta condena” a la que pudieran ser acreedores.

En relación con lo anterior, la Juez es muy clara al hacer énfasis en que la justicia para adolescentes es y debe tratarse con diferencia a la justicia para adultos, en este caso “las sanciones son de acuerdo con la edad y no al delito”, señala. Aquí la proporcionalidad no existe, pues como lo hemos venido diciendo, el adolescente es también una víctima de su entorno.

Con 45 centros de tratamiento interno, en las 32 entidades federativas, y un total de 1,445 adolescentes internados, al menos hasta el año 2019 de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, parece que sí, le fallamos a nuestra infancia.