CÁTEDRA
El derecho a una vivienda adecuada ha sido uno de los mayores desafíos en México, tanto a nivel legal como social. Si bien en 2021 se dio un paso importante al reconocerlo como derecho humano en la Constitución, la reciente iniciativa de reforma constitucional de 2024 busca profundizar este compromiso y afrontar los retos pendientes en su implementación. La evolución y la propuesta de la iniciativa presentada recientemente las iremos desglosando en las siguientes líneas.
Los primeros pasos hacia una vivienda digna se dieron en la Constitución de 1917 de México que no reconocía explícitamente el derecho a la vivienda, pero sí expresaba en el artículo 27 la permisión del Estado de intervenir para regular la distribución de tierras y promover el bienestar social. Sin embargo, no fue hasta la segunda mitad del siglo XX cuando se convirtió en un tema prioritario en las políticas públicas. Con la creación de instituciones como el Infonavit en 1972, se comenzaron a ofrecer créditos para la compra de residencias, pero el acceso a una casa digna seguía siendo limitado, especialmente para los sectores más pobres.
A nivel global, el derecho a la vivienda ha sido reconocido desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, incluyendo el alojamiento. Este principio fue reafirmado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, que obligó a los Estados parte a adoptar medidas para garantizar este derecho. México, como signatario de estos acuerdos, ha estado comprometido con su implementación, aunque los resultados han sido dispares.
En 2021, nuestro país dio un paso crucial al reconocer explícitamente el derecho a la vivienda como un derecho humano en el artículo 4 de la Constitución. Esta reforma subrayó que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a una vivienda adecuada, entendida no sólo como accesible, sino también como segura, habitable y ubicada en condiciones que favorezcan el desarrollo humano.
Sin embargo, la reforma de 2021 dejó varios vacíos en cuanto a cómo garantizar este derecho en la práctica, especialmente para los grupos más vulnerables. Las políticas públicas, a pesar de ser más inclusivas, seguían sin resolver el problema estructural de la falta de casas accesibles en zonas urbanas y rurales.
En 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una nueva iniciativa de reforma constitucional para fortalecer este derecho. La propuesta tiene como objetivo enfrentar los desafíos que aún persisten en su implementación y mejorar la calidad y accesibilidad de los hogares para los sectores más marginados. Los elementos clave de esta reforma incluyen: accesibilidad económica, la vivienda sostenible, derechos de grupos vulnerables y mecanismos de supervisión.
Dicho de otra forma, que las residencias sean asequibles para todos, que respeten los principios de sostenibilidad ambiental, que se refuerce la protección de los derechos de grupos vulnerables, como pueblos indígenas, personas con discapacidad, mujeres y comunidades en situación de pobreza extrema. La reforma propone la creación de tribunales especializados en materia habitacional, que se encargarían de resolver conflictos relacionados con el acceso a la vivienda, despojos y disputas sobre terrenos. Estos tribunales ofrecerían una vía de justicia para los más necesitados, contribuyendo a una mayor equidad en la distribución de recursos.
A pesar de los avances que ambiciosamente se sugieren en la iniciativa de la reforma 2024, los desafíos son grandes y la falta de recursos y la especulación inmobiliaria siguen siendo obstáculos importantes, especialmente en las grandes ciudades. El éxito de la implementación de la reforma dependerá de una coordinación eficiente entre los niveles de gobierno y de la capacidad del Estado para generar los fondos necesarios para financiar los proyectos habitacionales.
El reconocimiento de la vivienda como un derecho humano, consolidado en las reformas constitucionales de 2021 y 2024, marca un hito en la historia del país. No obstante, el verdadero desafío radica en traducir estos avances legislativos en soluciones concretas para los millones de mexicanos que aún carecen de una vivienda adecuada. La reforma de 2024 ofrece un marco normativo robusto, pero sólo con políticas públicas bien ejecutadas y recursos suficientes se podrá garantizar que el derecho a la vivienda sea una realidad para todos los ciudadanos, sin distinción de clase, género o etnia.
