El 17 de mayo de 2016 el Presidente Enrique Peña Nieto anunció la presentación de un par de iniciativas que modifican el artículo 4º Constitucional y el Código Civil, con el objetivo de:
Además, anunció 4 acciones consistentes en:
Este paquete presentado por el Presidente fue visto con muy buenos ojos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como por la comunidad LGBT de México.
Sin embargo, una semana después, en respuesta a estas acciones e iniciativas, surgió un importante grupo opositor al que denominaron Frente Nacional por la Familia (FNF), compuesto por más de mil organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional con un objetivo muy claro: defender el matrimonio entre hombre y mujer, y rechazar la ideología de género.
El FNF comenzó una fuerte campaña en contra de las iniciativas del Presidente a través de diversos medios de comunicación, pero principalmente a través de la organización de marchas a lo largo del país.
La iglesia católica y otras religiones comenzaron a apoyar el movimiento dotándolos de mayor fuerza, en donde la Arquidiócesis Primada de México fue enfática en señalar que ellos no estaban detrás del Frente Nacional, sino que fungían como un brazo apoyo.
Los medios de comunicación han dado cobertura a las acciones del FNF, situación que generó una mayor presión en el gobierno federal y despertó al que en Derecho se le llama “tercero perjudicado”: la comunidad lésbico-gay, representada con mayor fuerza por el Frente de Orgullo Nacional (FON).
La iniciativa continúa discutiéndose en el Congreso de la Unión, y la confrontación entre el FNF y el Frente de Orgullo Nacional es constante.
El FNF defiende la idea de que el matrimonio -en su concepción original y natural- se refiere a la unión entre hombre y mujer, y sugieren que a la unión entre personas del mismo sexo se les denomine de otra forma, y que sus alcances jurídicos no se equiparen a los del matrimonio heterosexual.
Por otro lado, están en contra de que en las escuelas se les enseñe a los niños sobre la ideología de género que, según Catholic.net, es una corriente que defiende que las diferencias entre hombre y la mujer, no corresponden a una naturaleza fija (ni anatómica) sino que son construcciones meramente culturales y convencionales, hechas según roles y estereotipos que cada sociedad asigna a los sexos.
El FNF argumenta que educar sobre estos temas les corresponde a los padres de familia y no a las escuelas, además de que por una minoría de la población no pueden tocarse esos puntos con la generalidad de los niños, pues solo los confundiría.
Al respecto, la comunidad lésbico-gay considera que el mensaje de la FNF es de odio e intolerancia y pretende cuartar sus derechos, pues las personas son libres de elegir con quién formar una familia, sin importar el sexo.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República señaló que los mensajes del FNF pueden provocar homofobia y hasta crímenes de odio.
El Frente de Orgullo Nacional ha realizado una campaña de defensa de sus derechos y han sido muy críticos ante la postura del FNF describiéndola como retrógrada y carente de congruencia con los tiempos actuales. Sobre este punto, el FNF se ha pronunciado diciendo que no son movimientos de odio y tampoco están en contra de las personas con atracción al mismo sexo, sino que se trata de un grupo pacífico que busca defender la creencia en el matrimonio natural entre diferentes sexos y la libre educación de sus hijos.
En resumen, nos encontramos ante posturas contrarias de dos grupos sociales distintos, que tienen todo el derecho de manifestar sus inquietudes y deseos, y para que este conflicto lleve un buen cauce es importante que ambas partes tengan la suficiente información y convicción para defender sus ideales en un escenario en donde prevalezca el diálogo y la tolerancia.
En efecto, la libertad de expresión es un derecho fundamental con que cuentan todos los mexicanos, por tanto, ambas posturas son legítimas y deben de ser escuchadas, analizadas y respetadas.
Ante un tema de transcendental relevancia, los tres Poderes de la Unión deben darse el tiempo de escuchar a los involucrados y así, con responsabilidad determinar de manera inteligente y consensuada, qué es lo más conveniente para el país y el desarrollo de su gente.
¿Usted qué opina?