CÁTEDRA
El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”.
Para lo cual, la Ley de Vivienda establece que se deben considerar como “digna y decorosa” aquellas casas que cumplan con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, salubridad, cuenten con espacios habitables y auxiliares, así como con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemplen criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos.
Por tanto, conforme a nuestra legislación, todos los ciudadanos de cualquier estatus económico o sociocultural en México tienen el derecho a acceder a una vivienda digna, de calidad, bien ubicada, con servicios básicos, así como con seguridad jurídica para su tenencia.
Sin embargo, pese a lo anterior, actualmente los ciudadanos mexicanos entre los 25 y 35 años de edad no pueden adquirir una vivienda propia, uno de los principales motivos es el aumento en los precios, así como las nuevas formas de pago, como es el outsourcing o el precario salario laboral, que imposibilita el acceso a un subsidio por parte del gobierno o a un crédito financiero, en el que los requisitos suelen ser muy estrictos y son otorgados a personas con mayor estabilidad económica.
En estos tiempos, los dos tipos de personas que fácilmente pueden acceder a estos créditos hipotecarios son los inversores que se dedican al sector inmobiliario, en la compra, venta o renta de estos inmuebles y, por otro lado, aquellos que “chapulinean”, me refiero a los que ya cuentan con una vivienda y la venden para adquirir una de mejor calidad o de mayor tamaño.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de 35.3 millones de viviendas particulares habitadas estimadas en el país por la Encuesta Nacional de Vivienda, el 57.1% era vivienda propia pagada, 10.7% estaba pendiente del pago (con algún tipo de crédito); 16.4%, rentada; 14.2%, vivienda prestada y 1.7% estaba en otra situación.
En cuanto al porcentaje de las viviendas propias, el 57.3% se construyó o se mandó construir por alguna o algún residente; 20.8% se compró nueva; 14.6% se adquirió usada y 7.2% se obtuvo de otra manera.
Y en lo que corresponde a las rentadas, las causas principales fueron cuestiones económicas, ya que no podían contar con un crédito hipotecario o bancario, y sólo una minoría manifestó que era por cuestiones personales a fin de poder cubrir otras necesidades como viajes, estudios, negocios o empleo.
El Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV) reúne los datos producidos por los sectores público, social y privado en materia de vivienda y el mercado habitacional, así como las mediciones del impacto de las políticas públicas en el sector y en sus reportes, señaló que del 100% de las solicitudes para adquirir una vivienda sólo el 24% es otorgado para menores de 30 años, contrario al 76% que tienen entre 31 a 59 años de edad.
En resumidas cuentas, los problemas para las nuevas generaciones son:
1.- El aumento en los costos de las viviendas.
2.- La inestabilidad económica y laboral que hay en el país.
3.-El escaso crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).
4.- Poco o casi nulo acceso a créditos financieros e hipotecarios.
5.- Enganche y costos notariales altos.
El tema de la vivienda debe ser tratado con seriedad por parte del gobierno, ya que de este dependerá regular la estabilidad que busca cada persona tanto en lo laboral como en lo económico, otorgando los recursos laborales equitativos con la finalidad de que estos puedan acceder a productos financieros e hipotecarios para adquirir una vivienda digna y propia.
