Son muchas las expectativas que nos depara este nuevo periodo presidencial 2018–2024, donde por última vez el Presidente empezará su cargo el primero de diciembre, ya que el próximo sexenio comenzará el primero de octubre debido a la última reforma del artículo 83 Constitucional.
En este sentido, una vez que el Ejecutivo Federal inicie su cargo, hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de diciembre del año en curso, sin embargo, no se acostumbra que en el primer ejercicio del Ejecutivo Federal se realicen cambios estructurales en materia tributaria sino hasta el siguiente año.
Recordemos la última y tan sonada reforma fiscal, la cual se presentó ante el Congreso en septiembre 2013 y una vez que los legisladores la aprobaron, surtió efectos a partir del primero de enero 2014.
Ahora bien, pensando en que la línea sea la misma y que el cambio de Gobierno tenga como objetivo también impactar en materia fiscal en nuestro país, basándonos en lo expuesto en las propuestas planteadas para trabajar los próximos años, sería entonces el 8 septiembre 2019 cuando el ahora electo Presidente de México Andrés Manuel López Obrador presente junto al Paquete Económico 2019 su proyecto de Reforma Fiscal que entraría en vigor el primero de enero 2020.
Con esto, y haciendo un análisis de la política fiscal que plantea el nuevo gobierno, encontramos como puntos de mayor relevancia la reestructura al gasto público, ya que el argumento es que con los ingresos tributarios que genera el país, actuando de forma “austera y responsable” no sería necesario crear nuevos impuestos ni adquirir deuda pública.
Es importante señalar que una forma de clasificar a los ingresos del Estado es en tributarios y no tributarios, a los que primero se refiere se entienden como impuestos (ISR, IVA y IEPS principalmente), cuotas de seguridad social, derechos y contribuciones de mejoras, y los no tributarios, en términos resumidos en México, principalmente es el ingreso derivado del petróleo.
Con esto podemos entender que si bien se busca una política fiscal donde el gasto público se administre de una mejor manera, también es cierto que en términos macroeconómicos existen factores externos que afectan la economía mexicana y entre esos, un factor muy importante, es la reforma fiscal de nuestro país vecino del norte, la cual ha reducido de forma importante la tasa del impuesto de lo que es equiparable al ISR en México.
Cabe señalar que es muy apresurado conocer el sentido en el que se presente la próxima reforma fiscal 2020, y esperando que se respete la propuesta de no aumentar impuestos, es muy probable que se le empiece a dar mayor porcentaje de ingreso a los impuestos indirectos, como lo son el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios, de forma que sea con una modificación en las tasas, grabando productos y servicios que antes no tenían este impuesto o regresando a tener tasas variables de IVA según la zona geográfica de los contribuyentes.
Respecto al tema de recaudación y encontrando dualidad en el argumento de combatir a la corrupción, el nuevo gobierno ha planteado seguir trabajando en frenar la evasión fiscal que golpea tanto a nuestro país, ser mucho más severos en las penas hacia los Contribuyentes que realicen operaciones simuladas o que estén vinculados con el blanqueo de capitales, tema que se ha venido trabajando desde 2013 con mayor fuerza, pero aun así quedan muchos recovecos en esta materia.
Por último, es un hecho que habrá reforma fiscal en el 2020, sin embargo es muy probable que no tenga tantos cambios como los hubo en 2014, ya que el sentido de esta nueva administración va con respecto al gasto público, por lo que aquí es muy importante que prestemos atención en el Presupuesto de Egresos de la Federación, ya que ahí es donde se podrá analizar de manera concreta la congruencia de ingresos contra el gasto público y así como ciudadanos evaluemos la administración de nuestras contribuciones en las arcas del Estado.