Miércoles, 13 de Diciembre de 2017
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Corrupción, el cáncer que padece México

Por: Mtro. Iván Gutiérrez Herrera
Licenciado en derecho y Maestro en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana
@ivangtzher

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La corrupción es un fenómeno destructivo que desde hace muchas décadas se ha convertido en una problemática creciente y extendida que corroe las venas de una sociedad mexicana que no encuentra la cura de tan lacerante mal.

Este cáncer no permite que México evolucione y mejore la calidad de vida de quienes lo habitan, pues vulnera la seguridad y la salud; inhibe la competitividad y la inversión; detiene el desarrollo económico y social; transgrede derechos fundamentales; disminuye la confianza en las instituciones, y beneficia solo a unos cuantos en detrimento del bienestar de la sociedad.

La corrupción no está en un solo lugar, sino que trasciende a todos los ámbitos, desde el barrendero que exige propinas por hacer su trabajo, el policía que cobra una “mordida”, o el alumno que soborna al maestro, hasta llegar al legislador que recibe dinero para aprobar o desechar una iniciativa, el empresario que otorga dádivas para lograr la adjudicación de un contrato a su favor, o el servidor público que se aprovecha de su encargo para obtener beneficios personales o para sus allegados.

Pero, ¿qué tan grave es la situación de México? Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2017, elaborado por Transparencia Internacional, nuestro país ocupa el lugar 123 de 176 países, en donde el número 1 es el país menos corrupto y el 176 es el más corrupto.

Concretamente, México tuvo una puntuación de 30 en una escala de 0 a 100, donde 0 es el país peor evaluado y 100 es el mejor; es decir, tenemos una calificación muy negativa en la materia.

Para ejemplificar un poco más la problemática, entre las 35 economías que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), nuestro país se ubica en el deshonroso último lugar.

Asimismo, en un estudio realizado en 2016 por la Organización de los Estados Americanos (OEA) se establece que la corrupción en México equivale al 10% del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual resulta alarmante.

Si bien es cierto que este fenómeno tiene un mayor impacto dentro del servicio público, también lo es que en el ámbito privado también existe. Por ejemplo, según la Encuesta de Fraude y Corrupción de KPMG, 44% de las empresas en México realizan pagos extraoficiales a funcionarios públicos. Además, según la Encuesta Global de Fraude de Ernst & Young de 2016, el 82% de los empresarios encuestados está de acuerdo con que las prácticas corruptas suceden ampliamente al hacer negocios en México.

Como se puede ver, la situación de México es grave, y afecta directamente el desarrollo de todo un país en beneficio de unos pocos.

Ahora bien, no todo es negativo, hay avances importantes que, por ejemplo, han permitido llevar a procesos administrativos y penales a exgobernadores como Javier Duarte (Veracruz), Luis Armando Reynoso (Aguascalientes) Roberto Borge (Quintana Roo), Guillermo Padrés (Sonora), César Duarte (Chihuahua), Ángel Aguirre (Guerrero), Fausto Vallejo (Michoacán), Miguel Alonso Reyes (Zacatecas) y Rodrigo Medina (Nuevo León), entre otros.

No quiere decir que hace un par de décadas no hubiera gobernadores corruptos, sino que ahora hay mayores elementos para detectar actos de corrupción. Algunos de estos elementos se señalan a continuación:

  • Los esfuerzos que se han realizado desde 2002 en materia de transparencia, incluyendo la reciente reforma constitucional de 2014 y sus leyes secundarias de 2016, que permiten que los mexicanos tengan conocimiento de asuntos que anteriormente eran secretos de gobierno, como cuánto gana un servidor público, los viajes que ha realizado, los bonos que ha recibido, documentos que ha firmado, correos institucionales que ha enviado, el costo y contratistas de las compras y obra pública que realiza la administración pública en sus tres ámbitos de gobierno, entre otras cosas. Lo anterior abre la posibilidad del escrutinio público y de la detección de actos de corrupción por parte de la sociedad.
  • Hay una mayor visibilidad de los actos de corrupción por parte de la comunidad, esto gracias a la academia, las organizaciones civiles y el periodismo de investigación. Por ejemplo, en una búsqueda en Infolatina, se puede observar que mientras en 1996 la prensa mencionó la palabra corrupción en 518 notas, para 2015 las menciones habían aumentado a 38,917. Asimismo, muchas de las denuncias a servidores públicos, surgen por trabajos de investigación de la prensa.
  • Las redes sociales también han jugado un papel importante, porque se convirtieron en un foro para la denuncia, en un espacio para conocer el acontecer nacional y en un punto de encuentro para generar presión social.
  • Las organizaciones civiles siguen de cerca el trabajo de los servidores públicos, del gasto público y de la deuda, lo que permite que detecten y denuncien posibles irregularidades, además de coadyuvar con el gobierno en la mejora de sus procesos y la creación de legislaciones que promuevan la rendición de cuentas y el control de la corrupción.
  • La sociedad se ha vuelto más crítica y participativa como resultado del hartazgo social y la falta de credibilidad en las instituciones.
  • El uso de la tecnología es una herramienta que apoya la detección de los actos de corrupción.

Los elementos anteriores permiten la detección de actos corruptos y su divulgación, sin embargo, nos encontramos con otro problema, el alto índice de impunidad que azota a nuestro país, el cual dificulta que los involucrados en actos ilegales sean sancionados.

Por eso es muy importante la implementación de la reforma anticorrupción, que incluye la creación del Sistema Nacional Anticorrupción que coordinará a todas las autoridades vinculadas con la rendición de cuentas, la fiscalización, la transparencia, y el control de la corrupción, bajo el liderazgo de un ciudadano ajeno a la administración pública y a los partidos políticos.

A lo anterior se suma la creación de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, dependiente de la PGR, que en 2018 tendrá autonomía constitucional, lo que le otorgará independencia y mayor margen de actuación.

Finalmente, también es importante destacar que las sanciones por faltas administrativas graves, incluyendo actos de corrupción, serán impuestas por los magistrados  de las Salas Especializadas en materia de responsabilidades administrativas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, una institución que se caracteriza por su profesionalismo y seriedad.

Todas estas acciones están concebidas para disminuir los índices de impunidad y tener un mayor control de la corrupción, estamos a punto de comenzar a ver los resultados, pronto sabremos si se trata de la cura de este cáncer que padece México, o tan solo es un tratamiento para mitigar el dolor.