Viernes, 20 de Julio de 2018
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La piratería en México: problema social y económico

Por: L.D. Karen Lizbeth Ayala García
Abogada Departamento Jurídico Corporativo STRATEGA Consultores.
karen.ayala@strategaconsultores.com

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Según estadísticas de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) México ocupa el cuarto lugar mundial en los delitos de piratería y contrabando y el primer sitio en América Latina, de igual forma la piratería cuesta el 1.25% del PIB, y además constituye hoy en día el segundo delito más preocupante en el país después del narcotráfico.

La OMC, define a la Piratería, como la “Reproducción no autorizada de materiales protegidos por derechos de propiedad intelectual (como derechos de autor, marcas de fábrica o de comercio, patentes, indicaciones geográficas, etc.) hecha con fines comerciales, y comercio no autorizado de los materiales reproducidos.”

En el ámbito internacional ha recibido diferentes denominaciones, entre las cuales destacan: “plaga internacional”, “flagelo mundial” y  “nirvana para delincuentes”.

Según investigaciones de la UNESCO, la piratería puede ocasionar daños severos a la economía de un país, como son:

  • Impacto fiscal generado por la evasión fiscal al venderse los productos dentro de un mercado no regulado;
  • Disminución de empleos formales con prestaciones legales proporcionados por el sector formal;
  • Desánimo de los empresarios extranjeros para traer inversión al país.
  • Temor de mostrar nuevas creaciones de propiedad intelectual, resultando en la falta de intención de protección.
  • Pérdidas económicas a las empresas formales.
  • Fractura la innovación y la investigación
  • Crea una economía paralela que daña las finanzas públicas y por ende la disponibilidad de recursos para el desarrollo

Pero, ¿qué ocasiona la piratería? Estudios han demostrado que en la mayoría de los países con alto índice en este delito, como México, su fuente principal radica en problemas sociales, culturales y económicos, como lo son, los elevados precios de los productos, bajos ingresos económicos del sector trabajador, carencia de un estigma social negativo que sensibilizaría al público sobre el hecho de que se trata de una actividad delictiva, la falsa idea de que comprar piratería es “como acceder” a la obra original a bajo costo, la falta de aplicación de la ley y por supuesto la elevada ganancia que los productores, distribuidores y vendedores de piratería adquieren, ya que prácticamente no cubren ningún gasto comparable a los de la producción de bienes de propiedad intelectual originales.

Invariablemente, los organismos protectores de la propiedad intelectual, así como los autores y titulares de los registros piden a su favor mayor control y aplicación de la ley; su argumento: menos piratería llevará a mayor inversión en los mercados legales y mayor inversión traerá crecimiento económico, empleos, innovación y expandirá el acceso a ellos.

En estadísticas realizadas en México, basadas en entrevistas a consumidores, vendedores, distribuidores y productores de piratería, es penoso notar que solo un bajo porcentaje de la población manifestó inquietud ante la posibilidad de que la piratería fuera un foco productivo de corrupción, contrario sensu, la mayoría de los encuestados indicaron que sabían que la venta y adquisición de bienes piratas es ilegal, justificando sus acciones en la necesidad económica y la falta de oportunidades.

La piratería, es una práctica desleal de competencia económica, que ha provocado que en la economía de muchos países, entre ellos México, empresarios, productores, y titulares de propiedad intelectual se vean afectados, pues a pesar de ser ilegal, los consumidores persisten en consumir estos productos, ya que, a mi parecer, los estratos sociales en los que buscan ser aceptados, requieren adquirir cierto tipo de bienes que son inalcanzables en circunstancias regulares.

Pese a que a nivel internacional, México ha firmado múltiples tratados, actas y convenios con el propósito de erradicar la piratería, es triste darse cuenta de que la población no está concientizada de que este delito, propicia más ilícitos como la corrupción, cohecho, secuestro y extorsión, entre otros, y que lejos de beneficiar perjudican a todo el País.

Independientemente de los medios que existen para regular los derechos de propiedad intelectual, (que son muy poco conocidos y explotados) se deberían realizar adecuaciones a la legislación especial en la materia, lo cual permitiría reconocer y prever las conductas violatorias, poniendo al alcance de autores y titulares las herramientas eficaces en la defensa de sus derechos; de igual forma, elevar las penas y sanciones en la tipificación de los delitos, así como que el Estado desarrolle campañas públicas de concientización y que desde el nivel básico se enseñen los valores y respeto por las obras de propiedad intelectual, manifestando que su violación es delito grave y de un riesgo latente que nos afecta, creando desempleo, falta de desarrollo empresarial, desánimo de la inversión en el País y por ende cero crecimiento.