

Durante décadas, en el derecho corporativo pronunciar la palabra fideicomiso era sinónimo de blindaje, discreción y una cómoda distancia de la mirada de la autoridad fiscal y de los reguladores de lavado de dinero. Su flexibilidad y versatilidad permitieron estructurar desarrollos, administrar patrimonios familiares, garantizar obligaciones y facilitar proyectos de inversión a gran escala, convirtiéndolo en el vehículo favorito del mundo empresarial. El fiduciario firmaba, los inmuebles se aportaban, las rentas fluían y las identidades de quienes estaban detrás del dinero permanecían bajo un velo de confidencialidad legal perfectamente legítimo.
Pero el juego cambió drásticamente, pues las mismas características que hicieron al fideicomiso una figura tan atractiva y sofisticada del derecho mexicano representaron históricamente el mayor desafío para las autoridades encargadas de prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita. Cuando una estructura involucra simultáneamente a fideicomitentes, fiduciarios, fideicomisarios, comités técnicos y diversas sociedades nacionales o extranjeras, surge una pregunta inevitable: ¿quién está realmente detrás de la operación?
Con la histórica reforma a la Ley de Antilavado de julio de 2025 y el posterior decreto de reforma a su reglamento el pasado 27 de marzo de 2026, las estructuras fiduciarias han sido incorporadas al ojo del huracán del sistema de Prevención de Lavado de Dinero. Durante años, el análisis se centró en la operación que daba origen a la actividad vulnerable; hoy en día, el enfoque regulatorio busca conocer de forma directa a quiénes ejercen el control material de la estructura y quiénes reciben sus beneficios económicos.
Sin duda alguna, uno de los ámbitos que tendrá un impacto considerable será el de los fideicomisos enfocados en inmuebles y arrendamiento comercial. En este caso, la responsabilidad de los Notarios Públicos cobra relevancia, ya que el umbral para presentar un aviso obligatorio ante la constitución, modificación o cesión de derechos en fideicomisos traslativos de dominio o de garantía sobre bienes inmuebles se reduce a tan sólo 4,000 UMA (un aproximado de $469,240.00 MXN en este 2026), incrementando sustancialmente la identificación de operaciones inmobiliarias.
Por otro lado, y en cuando a quienes operan bajo figuras fiduciarias, surge una duda: ¿estamos preparados para dar a conocer hasta el último nivel de nuestras estructuras o estamos asumiendo el riesgo de una sanción fulminante por parte de la autoridad?
Entre colegas y comités de cumplimiento se escucha una recomendación habitual: “no hagas nada todavía, el portal del SAT está parado”. Si bien puede ser un alivio momentáneo, la realidad es compleja, pues operativamente la plataforma digital enfrenta un freno, pero legalmente las obligaciones de fondo permanecen vigentes.
El Artículo Transitorio Tercero del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) prevé que diversas adecuaciones operativas, así como el alta de los fideicomisos en el sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero, dependen de la emisión de las nuevas Reglas de Carácter General por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las cuales incorporarán los campos de información previstos en la reforma.
Sin embargo, lo que permanece pendiente es la homologación y habilitación de las herramientas de vaciado digital, no así las obligaciones materiales previstas por la Ley y su Reglamento.
Esta restructuración legal exige una evolución inmediata en el gobierno corporativo. Los nuevos manuales de cumplimiento deben diseñarse bajo una metodología estricta de Enfoque Basado en Riesgo e implementar procedimientos de debida diligencia, mecanismos de identificación del Beneficiario Controlador, revisión de contratos y formatos de identificación, así como conservar los expedientes durante un periodo de 10 años, conforme a la ampliación del plazo de resguardo.
Puede que estos mecanismos parezcan sutiles o mínimos cuando hablamos de gobierno corporativo o cumplimiento normativo, pero conocer la estructura y su forma de operación hasta el más mínimo detalle puede marcar la diferencia para transitar hacia a este nuevo sistema regulatorio. Al final del día, frente a un regulador que ve y audita todo, el verdadero blindaje es la impecable claridad de saber exactamente quién se sienta en tu mesa.









