ARTE Y CULTURA
“De vez en cuando, un caso individual de injusticia capta la atención de la nación y del mundo entero. Eso es lo que ha sucedido con Britney Spears y las tutelas. Parece que el sistema legal no ha sido diseñado para su beneficio, sino para pisotear sus derechos”.
Ted Cruz, senador estadounidense
Con la creación del movimiento social #FreeBritney –que buscaba la eliminación de la tutela legal, autonomía y liberación económica de la cantante Britney Spears–, el mundo del espectáculo acercó su mirada para mostrar una realidad en la que pudimos ver más allá de la fama para centrarnos en la individualidad del artista como ser humano.
Un popstar es el individuo que se hace famoso por cantar música pop y que, a diferencia de una estrella de rock, debe ser un ejemplo a seguir, ya que su target es el de miles de niños y adolescentes que tratarán de imitarlo a toda costa, por lo que mostrar una imagen “equivocada”, según la crítica pública, podría ser sinónimo de castigo y señalamiento. La década de los 90 y principios de los 2000 fueron, sin duda, el auge de este estilo de vida, en el que figuras como Britney alcanzaron la fama y el éxito mundial en un abrir y cerrar de ojos, y desafortunadamente su realidad no evoca el “felices para siempre” que nos enseñaron desde la infancia o vemos en las pantallas.
Dejando de lado su renombre y fama, Spears es una ciudadana estadounidense como cualquier otra, por lo que sus derechos civiles y humanos deben ser los mismos, sin embargo, desde 2008 debido a un colapso de salud mental –en parte provocado por la prensa que la acosaba y perseguía 24/7 sin descanso, ya que una fotografía suya en situación vergonzosa podía valer miles de dólares–, el Tribunal de California decidió colocarla bajo tutela legal, la cual fue manejada por su padre, quien, en lugar de abogar por su bienestar, se aprovechó de la situación para privarla de su libertad, tanto financiera como personal, convirtiéndola, y sin llegar a exagerar, en una esclava, ya que, dicho por ella misma en una audiencia el año pasado, se le tenía prohibido salir, gastar su propio dinero, contraer matrimonio o tener un hijo, además de administrarle medicamentos no recetados, instalar cámaras en su casa, intervenir sus teléfonos y conversaciones, y obligarla a trabajar y dar conciertos a cambio de permitirle ver a sus hijos, entre otras cosas, siendo el aspecto económico, y el tener a la “gallina de los huevos de oro” controlada, el motor para que su propia familia la mantuviera en esta situación en la que ellos eran los beneficiados, recibiendo sueldos y ganancias a costa de ella.
Fue el 13 de noviembre de 2021 cuando la jueza Brenda Penny falló a su favor y finalmente la estrella pop logró destituir a su padre obteniendo su libertad y el control total de su vida; los catorce años que duró la tutela, Britney, quien fue nombrada la personalidad del año (2021) por la revista Time, publicó álbumes con ventas millonarias y discos de platino, además de actuar durante cuatro años (250 fechas) en Las Vegas –en donde realizaba acrobacias, bailes y actos que una persona “incapacitada”, como lo indica su curatela, enfocada a personas incapaces hasta de comer por sí mismas, no podría realizar–, shows que le generaron una ganancia de aproximadamente 137 millones de dólares, los cuales su progenitor administraba sin dar cuentas a nadie, dato que no cuadra en contabilidad, ya que actualmente el patrimonio neto de Britney, según Forbes, es de 60 millones de dólares, por lo que los involucrados tendrán que ser investigados, rendir cuentas judiciales y ramificaciones más serias sobre cómo gestionaron el dinero de la cantante.
Como podemos ver, no todo en la farándula es miel sobre hojuelas, sin embargo, positivamente podemos mencionar que el movimiento #FreeBritney, apoyado por sus fans, celebridades, asociaciones civiles, sociales y en favor de la mujer, ayudó a exponer las fallas del sistema legal estadounidense en relación a la figura del conservatorship –como se le conoce en el país vecino a la tutoría– y las lagunas legales del proceso a las que muchas personas siguen sometidas y que al no ser figuras públicas no pueden liberarse ni exponer su caso ante la justicia. Tanto fue el impacto que el gobernador actual de California firmó la Ley AB-1194, la cual aprueba que todos los pupilos en dicho estado tengan el derecho a un abogado de su elección, además de sacar a flote la importancia de la salud mental en la vida de cualquier individuo sin importar su actividad.
