BITÁCORA LEGAL
“Muere otro hombre afuera de una clínica del IMSS en Colima; es el segundo caso en una semana”; “casi el 50 % del gasto en salud lo pagan directamente las familias mexicanas, sin reembolso”; “remontar el desabasto y limpiar la corrupción: las mil batallas del Gobierno en la compra de medicamentos”.
La transgresión de los derechos humanos en el sistema de salud es un problema creciente que cada día gana más presencia en los titulares de noticias, a tal grado que poco a poco va formando parte de nuestra normalidad, y es que la escasez de medicamentos, la negligencia, la precariedad en hospitales públicos, los recortes presupuestales y la falta de personal capacitado agravan la crisis, dejando a millones de mexicanos en situación de abandono, sin atención oportuna ni digna. A esta problemática se suma el cáncer de la corrupción que representa uno de los mayores obstáculos para garantizar el acceso equitativo, oportuno y de calidad a los servicios médicos.
En 1946, en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, por primera vez se reconoce la salud como derecho humano y en 1983 se instituyó en México. Aunado a ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) establece que dicho derecho comprende el disfrute de servicios de calidad en todas sus formas, entendiendo la calidad como la exigencia de que sean apropiados médica y científicamente, que exista personal capacitado, medicamentos aprobados, equipo hospitalario en buen estado y condiciones sanitarias adecuadas.
Sin embargo, la realidad de millones de personas revela una distancia alarmante entre la norma y la práctica, ya que nuestro sistema de salud se ha convertido en terreno fértil para la transgresión invariable de derechos humanos, especialmente entre los sectores más vulnerables de la población, debido a que, en los últimos años, la salud ha sido desplazada de la agenda prioritaria del Gobierno. El hecho está en que México invierte sólo entre 2.5% y 3% del PIB en la salud pública, muy por debajo del promedio de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); y esta baja inversión se traduce en hospitales mal equipados; inequidad territorial debido a que la atención médica está concentrada en zonas altamente pobladas; déficit de personal y sobrecarga laboral.
Además, existen múltiples instituciones: IMSS, ISSSTE, PEMEX, Secretaría de Salud, Fuerzas Armadas, IMSS-Bienestar, cada una con sus reglas, presupuestos y cobertura, lo que genera ineficiencia, duplicidad y atención desigual entre sectores. Y pese a que se han promovido iniciativas para mejorar el sistema de salud mexicano, estos esfuerzos han sido opacados por una crisis de desabasto, ineficiencia administrativa y escándalos de corrupción, como sucedió con las quimioterapias falsas para niños con cáncer en Veracruz –durante el mandato de Javier Duarte–, o la compra de ventiladores inservibles en la pandemia del COVID-19, o más reciente el caso de Birmex, en el cual varias compañías farmacéuticas presentaron inconformidades por los resultados de la licitación de la Compra Consolidada de Medicamentos 2025-2026, donde se adjudicó 175 claves de medicamentos a un sobreprecio cercano a los 13 mil millones de pesos.
Esto evidencia la necesidad de blindar el método de compras y contrataciones públicas en México con un enfoque basado en reglas de integridad, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, ya que irregularidades como estas no son hechos aislados, sino el reflejo de una cotidianidad en una red institucional débil, donde los sobrecostos millonarios, la manipulación de datos, licitaciones amañadas y vínculos indebidos son algo de todos los días; y nos revela que es imperativo fortalecer el sistema de procuración e impartición de justicia.
Revertir esta situación implica más que incrementar el presupuesto. Se requiere una reforma que parta del reconocimiento del derecho a la salud como un componente central de la dignidad humana. La participación activa de las comunidades, el fortalecimiento de mecanismos de supervisión, y la capacitación para personal médico y administrativo son pasos indispensables. Mientras el sistema opera en crisis, millones de personas enfrentan no sólo la enfermedad, sino la negación de su humanidad. La salud no puede seguir siendo un privilegio ni un botín político.
