

Como se ha discutido en ediciones anteriores, la atención al medioambiente ha experimentado avances significativos en diversos sectores industriales, incluyendo la definición de límites, requisitos y reglamentos. Desde 1996 se cuenta con una herramienta establecida por la Organización Internacional de Normalización (ISO), conocida como norma ISO 14001, sin embargo, fue a partir de su actualización en 2015 que alcanzó su máxima relevancia como estándar para el acatamiento de las prácticas de cuidado ambiental.
A diferencia de otros esfuerzos, la norma ISO 14001 permite la creación de un esquema completo y sistema de autoevaluación que incluye requisitos, cumplimiento legal y objetivos internos, denominado Sistema de Gestión Ambiental (SGA). Esto incrementa considerablemente la viabilidad de la ejecución de los controles establecidos. No obstante, la fortaleza de este estándar presenta un punto vulnerable: su efectividad depende en gran medida del grado de compromiso del equipo que la implementa, desde los puestos directivos hasta los roles auxiliares, cada acción impacta de diversas maneras. La implementación de ISO 14001 y sus requerimientos para el SGA contribuyen a gestionar el impacto ambiental de manera sistemática, prestando especial atención a la legislación. Dentro del marco normativo, se ofrece a las corporaciones la oportunidad de establecer, mantener y mejorar constantemente el SGA en busca de resultados cada vez más positivos mediante un enfoque de mejora continua.
Entre los beneficios más destacados que conlleva la implementación de la norma ISO 14001 se encuentran:
Los principios claves que sustentan la norma ISO 14001 incluyen:
En conclusión, la norma ISO 14001 proporciona un marco robusto para que las organizaciones gestionen fomentando el cuidado de sus impactos ambientales, demostrando su compromiso con la sostenibilidad. Es fundamental recordar el riesgo inherente al SGA relacionado con el compromiso empresarial, muchas entidades implementan este sistema para cosechar sus beneficios sin reconocer que la evaluación del SGA puede resultar desfavorable.
Un equipo certificador competente podría considerar estos resultados para revocar la certificación después del primer ciclo evaluativo (6 meses) o en recertificaciones posteriores (12, 18, 24 o hasta 36 meses), lo cual podría llevar a consecuencias opuestas a las esperadas. Esto evidenciaría falta de empoderamiento ambiental e incapacidad para gestionar un sistema integral alineado con los procesos productivos; indicando que la organización no opera en resiliencia con su entorno.









