CÁTEDRA
Tener tranquilidad, un negocio o sentirse seguro se ha convertido en un verdadero reto en nuestro país; la delincuencia organizada y el narcotráfico han crecido de manera alarmante en los últimos años, debido a la complicidad que tienen estos grupos con el Estado, por lo que han presentado características complejas y peligrosas que afectan la seguridad nacional, la economía, el bienestar social y la salud pública.
La ya instaurada política de “abrazos y no balazos” ha desatado un descontrol por parte del gobierno y la delincuencia organizada se ha ido transformando, mostrando una mayor violencia, escalonando y diversificando nuevas formas de crimen y desenfreno para hacer y deshacer en el país sin problema alguno, incluso pareciera que tienen una estructura similar a las empresas legales.
El narcotráfico, la extorsión y la violencia son de las actividades más frecuentes de estos grupos en México; dichos fenómenos tienen raíces históricas y se han expandido debido a diversas circunstancias políticas, económicas y sociales. Fue a inicios del siglo XX que comenzaron a traficar drogas como marihuana y amapola hacia los Estados Unidos, evolucionando en los años 80 y 90, cuando se consolidaron como cárteles, diversificaron sus operaciones para incluir cocaína, metanfetaminas y otras sustancias; volviéndose más violentos para así tener el control de ciertos territorios.
La proximidad con Estados Unidos –el mayor consumidor de drogas en el mundo– ha jugado un papel crucial en este desarrollo, tanto que en esta administración se ha denominado a los cárteles como “grupos terroristas”. En 2006 se inició la llamada “guerra contra el narcotráfico”, lo que intensificó la violencia sin abordar las causas subyacentes del problema, crecieron las disputas entre organizaciones por el control, lo que generó un aumento en secuestros, extorsiones y homicidios, que después escaló a trata y tráfico de personas, fraude financiero, robo de combustible, comercio de piratería, desplazamientos forzados y cobro de piso a comerciantes, impactando social y económicamente a todo el país.
Se han aprobado leyes, se han hecho reformas para “mejorar” el sistema judicial, se han creado nuevos organismos y se ha buscado la cooperación internacional para combatir a estos grupos y aumentar la eficiencia en la persecución y condena de estos delitos relacionados con el crimen organizado, sin embargo, la ineficacia y corrupción en los distintos niveles de gobierno, la infiltración de estas redes criminales en instituciones clave y la falta de recursos siguen siendo obstáculos en las políticas de seguridad y en la anhelada justicia para las víctimas.
El problema para aplicar la sanción correspondiente es que muchas veces ni siquiera el caso llega a etapa judicial, ya que la reforma que se aprobó no incluye a las fiscalías, que son las primeras conocedoras de toda la problemática que conlleva la delincuencia organizada; y deberían investigar, integrar y reunir los elementos necesarios a fin de obtener un dictamen justo en tribunales. Es como tratar de “arreglar” una cadena iniciando con el último eslabón, en lugar del primero, lo que nos lleva a que los jueces no tengan los elementos suficientes para hacer “justicia” a las víctimas y por eso al sistema judicial lo sigan percibiendo como “ineficaz”.
La delincuencia organizada en México es un fenómeno con raíces profundas, por lo que es necesario reforzar las instituciones, atacar la corrupción, ofrecer mejores oportunidades laborales, crear una cultura de prevención en la sociedad, priorizar la educación en los niños y jóvenes; además de, por supuesto, la participación activa de la sociedad con el gobierno.
