ECONOMÍA
El silencio glacial ha sido interrumpido por el inquietante sonido del deshielo, la banda sonora de una transformación global irreversible. Este deshielo, particularmente pronunciado en las regiones del Ártico y la Antártida, genera una profunda consternación en la comunidad científica debido a su ritmo sin precedentes. No obstante, este fenómeno catastrófico es simultáneamente percibido por los países como una contingencia geopolítica favorable, que facilita el acceso a recursos y rutas marítimas previamente inaccesibles. De este modo, se consolida la paradoja disyuntiva: la misma crisis que compromete la supervivencia de comunidades vulnerables y la estabilidad climática global, crea un panorama de oportunidades económicas y ventajas estratégicas para las naciones capacitadas para su explotación.
Los ocho países que conforman el Consejo Ártico –Canadá, Dinamarca (que rige Groenlandia), Estados Unidos, Finlandia, Islandia, Noruega, Rusia y Suecia– tienen niveles de ambición y capacidad para emplear los recursos profundamente desiguales. Sin duda, el actor más agresivo y avanzado en la explotación del deshielo es Rusia, que posee la mayor extensión de costa ártica y ya comenzó proyectos masivos como el Yamal LNG –una planta de licuefacción de gas natural situada en la península de Yamal, que opera con condiciones extremas y exporta gas a todo el mundo desde el año 2017–. Para dicha nación, el Ártico es la clave para mantener su soberanía como superpotencia energética, ya que sus campos tradicionales en Siberia occidental se agotan. Mientras tanto, en Moscú se están rompiendo hielos a propulsión nuclear para obtener puertos y bases militares, que a su vez sirvan como ruta central para incrementar su logística internacional.
Noruega es también una paradoja: por un lado, es líder en transición energética; por el otro, depende económicamente del petróleo y el gas. Este país ha explotado yacimientos en el Mar de Barents durante años y ofrece licencias a compañías energéticas para perforar en la plataforma continental. El deshielo, además, está abriendo nuevas áreas que antes eran inaccesibles, lo que atrae la presencia de bancos de bacalao.
Estados Unidos, bajo el mandato de Trump, reabrió las prospecciones petroleras en el Refugio Nacional Ártico de Vida Silvestre (ANWR) –una de las últimas áreas vírgenes de Norteamérica–, generando una inmensa controversia. Canadá, al igual que Rusia, posee costas árticas y una riqueza mineral apreciable, sin embargo, su desarrollo es más lento; tiene enormes costos logísticos y duras condiciones climáticas, pero, sobre todo, en su papel de país colaborativo, le resulta difícil realizar consultas y establecer acuerdos con áreas tradicionales en el territorio.
Groenlandia, zona autónoma del Reino de Dinamarca, es la que más gana; el deshielo le deja una fortuna en tierras raras (posee casi el 25% de las existentes en el mundo), uranio, zinc y hierro; con sólo dos minas debido a las fuertes condiciones del entorno espera a que el cambio climático favorezca el poder tener más; por lo pronto, se enfoca en el desarrollo de nuevas rutas marítimas.
La explotación del Ártico no es una ficción, es una realidad en donde el derecho internacional, la sostenibilidad ambiental y la soberanía de los pueblos originarios se interponen a la extracción y competencia geopolítica. En este escenario, es posible identificar distintos modelos de actuación: un enfoque asertivo y militarizado, encabezado por Rusia; aproximaciones más reguladas, como las de Noruega y Canadá, donde este último incorpora el compromiso con la autodeterminación indígena; y posturas fluctuantes como la de Estados Unidos, sujeta a su ciclicidad política interna. Finalmente, Groenlandia emerge como un actor clave, navegando la disyuntiva entre el aprovechamiento de su base de recursos y la preservación de su patrimonio cultural.
