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La política de competencia en el sexenio de López Obrador

Por: Xavier Ginebra Serrabou
Máster y doctor en Derecho de la Competencia; profesor investigador y exsubdirector jurídico de la Comisión Federal de Competencia
xgs9@hotmail.com

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Para los economistas alemanes clásicos, Ludwig Erhard, Muller-Armack y Eucken, una economía social de mercado se caracteriza por buscar la iniciativa económica con el avance social, en un determinado contexto socioeconómico y una legislación protectora de la competencia. Esta legislación no pretende sustituir leyes económicas, que son un proceso regulado por la oferta y la demanda. La legislación del Estado pretende más bien crear un marco referencial que establece condiciones dentro de las cuales se desenvuelve el proceso económico, de modo que el funcionamiento de las leyes de la oferta y la demanda se encauza, mas no se suspende.

¿Podemos decir, en cuanto a política de competencia, que hemos vivido durante este cuatrienio una economía social de mercado? México posee, desde 1992, una Ley Federal de Competencia Económica, con un órgano, la Comisión Federal de Competencia Económica, encargado de aplicarla. Dicha ley se completó y actualizó con reformas constitucionales en materia de competencia y una nueva ley en 2014, con un enfoque neoliberal, de la Escuela de Chicago, que es la búsqueda de la eficiencia, en forma distinta a lo que se requiere en una economía social de mercado, que es resguardar la libertad de empresa y la protección de las pequeñas y medianas empresas. Pueden parecer diferencias sutiles, pero no lo son en la práctica.

La Comisión Federal de Competencia actuó en sus dos decenios de existencia con ganas, pero sin tino. Prácticamente no sancionó a ninguna empresa importante por la realización de prácticas anticompetitivas, ni objetó ninguna concentración relevante para impedir la creación o refuerzo de compañías con poder dominante de mercado. En su defensa hay que decir que la competencia es una de las ramas más técnicas del derecho y la economía, y que los países tardan décadas en asimilar los principios protectores de la competencia y libre concurrencia.

Durante el régimen de Enrique Peña Nieto y con más dientes, el nuevo órgano, denominado ahora Comisión Federal de Competencia Económica, actuó no sólo aplicando la ley de competencia, sino mediante la instrumentación integral de una política transversal de competencia, si bien con efectos limitados en la economía.

La política de competencia, que busca proteger a los consumidores y a la libertad de empresa y a los pequeños empresarios, debiera ser una política de izquierda. En este sentido, encaja plenamente con el objetivo programático de la 4T de lograr, una vez transcurrido el sexenio, separar el poder económico del político, aspectos que también son buscados por los modelos de tercera vía. Si así debiera haber sido, no se entiende la alergia que ha mostrado López Obrador durante todo su gobierno. Pero en cierta forma lo entendemos, por el desprecio que ha tenido AMLO hacia todos los organismos autónomos que funcionan o funcionaban con independencia respecto al Ejecutivo.

AMLO no ha podido desarmar la política de competencia, pero sí la ha dificultado. México posee un andamiaje constitucional e internacional que impide desmontar el marco jurídico de competencia. Por este motivo, López Obrador ha tenido que gobernar conviviendo con un incómodo órgano autónomo de competencia. Pero ha desobedecido sus opiniones, disminuido su presupuesto, bloqueado el nombramiento de nuevos comisionados para que no pueda sesionar y comprando bienes y servicios sin sujetarse a las leyes de competencia en las adquisiciones públicas. Si AMLO quería separar el poder político del económico, sólo ha logrado nuevos ricos, al amparo de un nuevo grupo político. Al menos en competencia económica, fue fiel a su gatopardismo: cambiar todo, para que todo siga igual.

Es una lástima que AMLO haya desaprovechado su oportunidad de pasar a la historia como un gran estadista de izquierda. México es un país de muchas desigualdades. Y si la igualdad auténticamente le hubiera interesado, habría tratado a la Comisión de Competencia como su gran aliado. No fue así. México sigue siendo el país de los monopolios y del abuso de las grandes empresas, sólo que con diferentes pillos y otros nuevos ricos.