Los nuevos “ladrillos” que forman parte del INFONAVIT

Si bien es cierto que la situación mundial actual hace complejo el desarrollo de la cotidianidad y, en ocasiones, hasta imposible, también lo es que la vida sigue, con restricciones y modificaciones, pero sigue. Con lo anterior en mente y el planeamiento de una nueva forma de vida, ha surgido una problemática para cientos de personas y familias al verse imposibilitadas para continuar pagando una renta o la apreciación de lo obsoleta e infructuosa que resulta dicha acción. Para todos aquellos trabajadores que se encuentran en pleno goce de sus derechos laborales existe una opción que les permitirá aumentar su patrimonio y, sin duda, su tranquilidad: ejercer un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit); se podrá pensar que no es algo novedoso, ya que el derecho existe desde hace muchos años, pero ahora tiene variantes que empoderan al trabajador, permitiéndole acceder a fondos para reparación, ampliación o mejoras en su vivienda, pago de pasivos o refinanciamiento de crédito, entre otros; beneficios que entraron en vigor el pasado 17 de diciembre de 2020 con la publicación de las reformas a Ley del Infonavit en el Diario Oficial de la Federación.

Se pretende ampliar el catálogo de opciones al momento de hacer efectivo el crédito, algunas de las cuales me permito enlistar a continuación:

• El trabajador podrá recibir el dinero de su Subcuenta de Vivienda para ser utilizado en la adquisición de una propiedad o bien. El destino del recurso es totalmente una decisión personal, pero deberá ser aplicado para comprar una casa, adquirir un terreno, autoconstruir vivienda en un terreno de su propiedad, remodelar, pagar pasivos hipotecarios, refinanciar un crédito adquirido con una institución financiera.
• No limitar a dos el número de créditos que puede adquirir el trabajador durante su vida laboral, con la condicionante de haber liquidado el crédito previo para solicitar uno posterior.
• Se suprimen los intermediarios al momento de entregar los recursos para evitar que los derechohabientes sean defraudados por los llamados “coyotes”.
• Impulsar el derecho a la información para el derechohabiente relevante a las condiciones jurídicas y financieras del crédito y todo el proceso.
• Dar acceso a su ahorro a los trabajadores que ya no cotizan en un registro patronal y que no lo utilizaron dentro de su vida laboral activa.

Para la adjudicación del recurso proveniente de la Subcuenta de Vivienda del trabajador será necesario que el Consejo de Administración del Infonavit determine los montos máximos de los créditos concedidos, en función de, entre otros factores, el precio máximo de venta del suelo y habitaciones cuya adquisición o construcción pueda ser objeto del crédito, así como los ingresos de los trabajadores acreditados.

Otra propuesta a desarrollar es la creación de un área dentro del Instituto que brinde asesoría en temas que van más allá del trámite y la obtención del crédito, aquellos que se refieren a la elección de la casa que más convenga por su ubicación, terreno, diseño, servicios y espacios públicos adyacentes; los materiales adecuados para la construcción dentro de su terreno por el clima o el suelo que posee, el asesoramiento para lograr las mejores condiciones en el refinanciamiento de su deuda. Una asesoría integral que le dé la seguridad al derechohabiente al momento de tomar la decisión respecto al destino de sus recursos.

En este año 2021 el Instituto pretende lanzar nuevos productos financieros para beneficiar a sectores laborales que anteriormente fueron excluidos, contemplar a los trabajadores de menores recursos, como agricultores, policías, empleados temporales o intermitentes, es decir, extender la red de la seguridad social en México.

Resulta loable el motivo principal de esta reforma, pues enaltece un derecho humano y primordial consagrado en la carta magna: tener acceso a una vivienda digna, pero es de igual importancia establecer los mecanismos y canales de acceso para los trabajadores con el propósito de impedir que se realicen procedimientos que distan de ejercer un derecho y sólo buscan beneficios personales o colectivos.