CÁTEDRA
Las frases como “ciudadanos extraviados”, “personas ausentes” y “levantones” se han popularizado en México, para describir un secuestro o la privación ilegal de la libertad de una persona, sin embargo, son sinónimos de “desaparición forzada”.
Se ha preferido utilizar dichas expresiones porque de lo contrario implicaría responsabilidad directa del Estado, tan es así que la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas la define, en su artículo 2°, como “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.
El 19 de mayo se cumplieron 51 años de la primera desaparición forzada documentada en México; se trató del maestro Epifanio Avilés Rojas, quien fue detenido y llevado en una avioneta desde el Estado de Guerrero al Campo Militar Número 1, en la Ciudad de México, y desde ese día su familia y amigos no volvieron a saber de él.
Así como ese caso, miles de familias mexicanas buscan a sus padres, hijos, nietos o amigos, que han sido “levantados” sin que ninguna autoridad, de cualquier jurisdicción, sea capaz de dar respuestas congruentes y documentadas de qué pasó, en dónde están o cuál fue la razón por la que se los llevaron.
Pese a que a inicios de este 2020, la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) presentaron el primer informe sobre el registro de desapariciones, en el que reportaron que el número de personas desaparecidas, hasta el 2019, ascendía a 61 mil 637, organizaciones independientes y expertos en el país se han pronunciado en contra de estas cifras, pues aseguran que existen omisiones en la metodología de deducción, una evidente falta de homologación en la información de las fiscalías en los diferentes Estados y, para colmo, agregar que muchas familias prefieren no denunciar por temor a exponerse a una represalia.
Aunado a lo anterior, la impunidad y la ausencia de justicia para las víctimas de este crimen de lesa humanidad han regido nuestro país, ya que la mayoría de los casos queda sin resolver, esto se debe a varios factores, entre los cuales destacan la corrupción, la falta de capacitación en el personal y de recursos suficientes y, más preocupante, la complicidad de personal de la Procuraduría General de Justicia y defensores públicos con la delincuencia organizada, todo esto ha derivado en una crisis en materia de derechos humanos en el país, que lleva consigo a que los propios familiares de las víctimas tengan que realizar las investigaciones pertinentes por su cuenta, a fin de obtener justicia y encontrar indicios que los lleven a sus desaparecidos.
La desaparición forzada debería ser prioridad en las políticas públicas, es necesario reconocer la magnitud de las consecuencias negativas que genera, pues utiliza el miedo como herramienta de control social y muestra un país carente de legalidad, regido por la corrupción.
Como sociedad, nos toca colaborar con la detención sobre la propagación de este delito, mostrar el hartazgo e indignación por estos hechos y exigir al Estado el respeto a los derechos humanos, homologar la ley con los convenios firmados en pro de las víctimas de desaparición forzada, demandar que se establezcan protocolos de investigación adecuados, juzgar a los responsables y, por encima de todo, dar garantía a los familiares, en cuanto a su derecho de saber la verdad sobre las víctimas y la reparación de los daños, ya que nadie quiere estar en esa situación, en la que prevalece el miedo y una búsqueda infinita y frustrante, por lo tanto, ser empáticos y reclamar que si “vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
