

En el siglo XXI ha surgido una nueva forma de poder, a menudo denominada globalismo monárquico, que no se limita a reyes con coronas, sino que está conformada por grupos de poder hereditarios e institucionales que operan a escala internacional. Entre ellos se encuentran monarquías tradicionales como la española o la británica, que influyen en sus excolonias mediante alianzas estratégicas; dinastías financieras como los Rothschild y los Rockefeller, que controlan bancos y fondos de inversión; y élites tecnocráticas, como las del Foro de Davos y el Foro Económico Mundial, que impulsan agendas como el Reajuste Global o la Agenda 2030.
Estos grupos operan a través de amplias redes financieras, compañías multinacionales y organizaciones internacionales, su influencia es tan significativa que algunos la comparan con el colonialismo europeo de antes. México, dada su importancia geopolítica y sus abundantes recursos, se ha vuelto un centro de atención para estos intereses, y a diferencia de los imperios históricos que usaban la fuerza militar, estas élites modernas ejercen su control a través de la economía, la política y la cultura.
El papel de España sirve como un ejemplo claro de esta dinámica. La antigua potencia colonial mantiene una relación desequilibrada con México a través de sus corporaciones más grandes, como Iberdrola en energía, BBVA en banca y Telefónica en telecomunicaciones, que dominan sectores estratégicos.
Este control evoca los privilegios de la época colonial, y muchas de estas empresas, con vínculos históricos con la monarquía española, operan bajo tratados internacionales que aseguran sus ganancias, mientras que organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) promueven políticas que favorecen sus intereses. A nivel político, estos grupos influyen de forma directa en los asuntos del país. Incluso llegan a ofrecer asilo político a personajes mexicanos polémicos. Las organizaciones internacionales, alineadas con las élites transnacionales, condicionan préstamos y ayuda financiera a políticas que a menudo van en contra del interés nacional.
Ante este escenario, México ha buscado formas de resistir. Las políticas energéticas recientes, enfocadas en recuperar el control sobre recursos clave como el nuevo plan de PEMEX, han desafiado intereses globalistas. Sin embargo, esta postura ha provocado una fuerte reacción: agencias de calificación han reducido la nota crediticia del país, medios internacionales han lanzado campañas negativas y las corporaciones afectadas han utilizado arbitrajes mundiales para proteger sus beneficios.
El mayor peligro, y el menos evidente, está en la cultura; fundaciones y organizaciones no gubernamentales financiadas por grandes fortunas promueven agendas que buscan transformar la identidad de México, por ejemplo: Amnistía Internacional, Fundación Bill & Melinda Gates, Fundación Ford o Comunalia, entre otras. Estas influencias, presentes en la educación y los medios, aspiran a formar una ciudadanía global sin fuertes lazos nacionales. A la par, la economía digital ha abierto un nuevo campo de dominación: gigantes tecnológicos como Google y Meta recolectan más información sobre los mexicanos que cualquier entidad gubernamental, generando una nueva forma de dependencia.
La historia nos enseña que las naciones que han logrado prosperar de forma independiente son aquellas que han protegido con cuidado sus recursos, su cultura y su capacidad de tomar decisiones. Hoy en día, en un mundo donde el poder globalista se expande, México se enfrenta a una encrucijada: ¿será protagonista de su propio futuro o un espectador? Está claro que los monarcas no necesitan barcos de guerra ni ejércitos, les basta con algoritmos, deuda y su poder de persuasión. Ante este panorama, el país debe decidir si se somete al nuevo orden mundial como un socio subordinado o si defiende su autodeterminación. El camino que tome dependerá de si puede construir una estrategia geopolítica propia y resistir la presión de estos nuevos conquistadores. La decisión de México no sólo marcará su propio destino en las próximas décadas, sino que podría ser un modelo para otras naciones que enfrentan retos parecidos.









