CÁTEDRA
La economía global atraviesa un punto de inflexión que obliga a replantear los fundamentos sobre los cuales se ha construido el crecimiento empresarial en las últimas décadas. La noción de que la rentabilidad y los derechos humanos pertenecen a esferas separadas –cuando no opuestas– ha marcado durante años las decisiones económicas, especialmente en países en desarrollo. Sin embargo, en un contexto caracterizado por crisis climáticas, disrupciones en las cadenas de suministro, presión regulatoria internacional y una mayor exigencia social de responsabilidad corporativa, esa separación resulta cada vez menos sostenible desde una perspectiva económica y estratégica.
La economía basada en los derechos humanos emerge como una respuesta estructural al agotamiento del modelo tradicional. No propone sustituir la lógica del mercado ni imponer criterios ajenos a la empresa, sino reconocer que la dignidad humana es un componente esencial para la estabilidad, la productividad y la permanencia de los negocios. Organismos como las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos han subrayado que el respeto a los derechos humanos no constituye un freno al crecimiento, sino una condición para que sea sostenible. Bajo dicho enfoque, las compañías están llamadas a prevenir impactos negativos, respetar estándares mínimos de dignidad y responder por los efectos de su actividad económica.
En México, esta discusión adquiere una relevancia particular. El país ocupa una posición estratégica en la economía global gracias a su integración en cadenas de valor internacionales y a su papel como destino de inversión. No obstante, persisten problemas estructurales –informalidad laboral, desigualdad, debilidad institucional y crisis sociales– que inciden directamente en la operación empresarial. Durante mucho tiempo, estos factores han sido considerados externos al negocio. Hoy resulta evidente que ignorarlos genera costos económicos reales.
Las empresas que operan en contextos donde se vulneran derechos humanos enfrentan riesgos significativos: alta rotación de personal, pérdida de talento, problemas laborales, interrupciones operativas, litigios y deterioro reputacional. En un entorno global cada vez más transparente, estos peligros ya no permanecen confinados al ámbito local. Una práctica laboral deficiente o un conflicto comunitario puede traducirse en pérdida de contratos, cierre de mercados o exclusión de fuentes de financiamiento.
Uno de los retos para el empresariado mexicano es desmontar la idea de que integrar los derechos humanos reduce los márgenes de ganancia. La evidencia internacional muestra que las organizaciones que incorporan este enfoque de manera estratégica tienden a ser más resilientes, más atractivas para inversionistas y mejor preparadas frente a cambios regulatorios. Fondos de inversión, bancos y aseguradoras incorporan cada vez más criterios sociales en sus evaluaciones, pues una gestión social deficiente representa un mayor riesgo financiero.
Desde esta perspectiva, los derechos humanos no compiten con la rentabilidad; la fortalecen. Condiciones laborales dignas mejoran la productividad y reducen el ausentismo. Relaciones responsables con comunidades disminuyen la probabilidad de conflictos que paralicen operaciones. Prácticas de transparencia y no discriminación fortalecen la gobernanza interna y generan confianza entre inversionistas, clientes y trabajadores. En un contexto de incertidumbre económica, la confianza se ha convertido en un activo valioso para cualquier organización.
Integrar los derechos humanos contribuye a la sanidad interna de las empresas. La aplicación de principios de dignidad, igualdad y seguridad permite reglas claras, reduce arbitrariedades y mejora la toma de decisiones.
En México, la adopción de un enfoque de derechos humanos en el ámbito empresarial sigue siendo desigual. Aunque el discurso de la sostenibilidad ha ganado presencia, pocas compañías lo han añadido en su modelo de negocio, en la gestión de riesgos o en su cadena de suministro. Persiste una visión de corto plazo que prioriza la reducción de costos sobre la construcción de valor sostenible.
El contexto internacional, sin embargo, no deja espacio para la inercia. Las reglas del comercio, la inversión y el financiamiento evolucionan hacia modelos que privilegian la coherencia entre desempeño económico e impacto social. La economía basada en los derechos humanos no es una concesión moral, sino una arquitectura de reducción de riesgos y creación de valor a largo plazo.
** “Algunos de los marcos conceptuales y enfoques presentados en esta columna dialogan con las investigaciones y el trabajo desarrollado por la jurista Eréndira Ramos, LL.M., fundadora de Equitable Global Futures, en torno al Right to a Sustainable Economy (RSE) y la economía digna como arquitectura de riesgos.”
