PUNTO VERDE
Si hacemos un poco de memoria, es bastante sorprendente pensar en los orígenes de la humanidad y en cómo el hombre comenzó a tomar provecho de su entorno para su beneficio. Si bien en sus inicios la explotación de los medios era moderada y sólo se utilizaba para fines alimenticios (agricultura y cacería), esto comenzó a cambiar de forma gradual en cuanto se instalaron las primeras civilizaciones, hasta escalar exponencialmente conforme la demografía y necesidades sociales lo requerían.
México data sus bases de impactos ambientales alrededor del siglo XVI, posterior a su descubrimiento, alcanzando su apogeo hasta finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Durante estos años, no se contaba con ningún reglamento forestal y no fue hasta 1910 que se funda un departamento, encabezado por Miguel Ángel de Quevedo, el cual contaba con un reglamento, decretos federales y hasta un equipo de guardias en varios lugares del sur del país. Conforme fueron pasando los años, nuestro gobierno centró sus esfuerzos en el crecimiento y la industrialización desmedida, sin tomar en cuenta el medio ambiente, y no fue hasta finales del siglo pasado cuando se comenzó a monitorear de manera más cercana el daño que le generábamos al ecosistema.
En el siglo XXI, la deforestación ya alcanza niveles alarmantes. Alrededor de 500 mil hectáreas se pierden cada año y la contaminación sigue en aumento. Si bien se implementaron regulaciones para la prevención, parecen completamente insuficientes para salvaguardar zonas ecológicas, permitiendo un sinfín de eventos y tragedias, conocidos como ecocidios.
Estos ecocidios se han convertido en hechos alarmantes, los cuales no sólo comprometen el entorno de nuestro país, también extienden su pesar al resto del mundo, amenazando varias especies de fauna, que confrontan el peligro de la extinción cara a cara, como el caso de la vaquita marina, el ajolote y el lobo mexicano, entre otras.
En 2019, se presentaron diversos casos, desde conceptos de inconciencia como las toneladas de basura tiradas en el Río Blanco, en Veracruz, o las descargas de aguas negras en el Río Sabinas, en Coahuila. Así como otros de carácter gubernamental en mayor escala, como el tan mencionado tren maya o la construcción del nuevo aeropuerto, demostrando que, aunque los proyectos puedan ser bienintencionados, se necesitan una mejor gestión y leyes para prevenir o minimizar los perjuicios que estos puedan generar.
De igual manera, México necesita fortalecer sus leyes en cuanto a materia ambiental, robusteciendo las sanciones e inhabilitando la posibilidad de continuar con el daño.
Como un ejemplo de esto, en junio de 2019, en Jalisco, se propuso aseverar las normas ante tales hechos, implementando sanciones que van desde los 3 a los 20 años, así como multas de 42 mil a 42 millones de pesos, a quienes infrinjan dichas leyes. Asimismo, se pidió realizar estudios para determinar la tala clandestina de árboles.
Es una realidad que distamos del estado al cual queremos llegar y que es necesaria una aproximación más asertiva de parte de nuestros dirigentes para poder atacar estos problemas, pues constantemente nos dejan a la expectativa de lo que el futuro deparará.
