BITÁCORA FISCAL
La reciente reforma judicial aprobada en 2024 y puesta en vigor en 2025 ha generado un debate en distintos sectores del país. Su impacto va más allá de la reestructuración del Poder Judicial Federal (PJF), pues alcanza áreas clave como el ámbito fiscal y tributario, donde empresarios y contribuyentes se verán afectados. La independencia judicial, la seguridad jurídica y el equilibrio entre la recaudación y los derechos de los contribuyentes son ahora temas de gran relevancia en un entorno que se vuelve cada vez más incierto para las empresas en México.
Imagina este escenario. Por inconsistencias u omisiones en tus declaraciones, por no hallarte en tu domicilio fiscal o por no atender algún requerimiento del Servicio de Administración Tributaria (SAT), te restringen tu certificado de sello digital. Al presentar tu aclaración, por ley, al día hábil siguiente deberías recuperarlo, pero no sucede así. Sin dicho certificado no puedes operar, ¿qué harías? Dependiendo de la estrategia, una alternativa es acudir al juicio de amparo ante un juez de distrito.
Uno de los cambios más significativos de la reforma es la elección popular de jueces de distrito y magistrados de circuito. Si bien esta medida pretende democratizar el sistema judicial, existe la preocupación de que conduzca a una politización de los juzgadores. En el ámbito fiscal, esta situación es delicada, ya que los jueces que resuelven litigios entre contribuyentes y el SAT (así como el IMSS y otros entes fiscalizadores) podrían verse influenciados por el discurso político del momento.
En un escenario donde los jueces dependen del voto ciudadano para mantenerse en sus cargos, la tentación de favorecer decisiones que aumenten la recaudación y respalden las políticas fiscales del gobierno podría erosionar la imparcialidad en los litigios fiscales. Además, la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, que tendrá la facultad de sancionar a jueces y magistrados, plantea dudas sobre el grado de autonomía que conservarán los juzgadores en temas tributarios, ya que podrían enfrentar presión para fallar en favor del Estado.
Otro de los aspectos críticos de la reforma es la restricción al juicio de amparo. En el ámbito fiscal, este medio ha sido fundamental para que los contribuyentes defiendan sus derechos ante cobros indebidos, auditorías arbitrarias y sanciones excesivas impuestas por la autoridad fiscal. Si bien el objetivo de esta medida es evitar que el amparo se utilice para frenar políticas públicas, en la práctica podría limitar las posibilidades de defensa de las empresas. Sin un acceso amplio al juicio de amparo, los contribuyentes estarán más expuestos a la aplicación estricta de la normativa fiscal sin contar con una vía eficaz para impugnar resoluciones injustas.
Es importante destacar que los jueces de distrito y magistrados de circuito, que pertenecen al PJF, conocen asuntos de diversa índole, incluyendo juicios de amparo en materia fiscal y administrativa. Sin embargo, su función es distinta a la de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), quienes resuelven específicamente juicios contencioso-administrativos en los que ciudadanos y empresas impugnan actos de autoridades fiscales y administrativas.
En el TFJA se revisan casos como impugnaciones contra créditos fiscales, multas impuestas por el SAT, devoluciones de impuestos no concedidas, controversias en materia de seguridad social y sanciones administrativas de diversas dependencias del gobierno federal. Entonces, ¿en qué afecta? Si te determinan un crédito fiscal, puedes impugnarlo ante el TFJA; pero si sale en contra de tus intereses la sentencia, puedes acudir al juicio de amparo ante un magistrado de circuito para defender tus derechos. En otras palabras, la reforma judicial acaba afectando los juicios fiscales.
El nuevo contexto judicial plantea retos significativos para el sector empresarial. La necesidad de una estrategia fiscal sólida, basada en el cumplimiento normativo y una planificación tributaria efectiva será más crucial que nunca. Las empresas deben anticiparse a estos cambios y reforzar sus mecanismos de defensa legal, así como mantenerse atentas a la evolución de los criterios judiciales en materia fiscal. En un entorno donde la justicia tributaria podría inclinarse cada vez más hacia el interés del Estado, la asesoría especializada y la previsión legal serán claves para garantizar la estabilidad y la continuidad de los negocios en México.
