CÁTEDRA
En México, la usurpación de profesión es un delito que, aunque tipificado en el Código Penal Federal, continúa siendo un fenómeno recurrente. Este problema no sólo afecta la confianza pública en instituciones y profesionales, sino que también pone en riesgo la integridad de quienes confían en los servicios de personas que se ostentan como especialistas sin contar con la preparación adecuada.
Para entrar en contexto, aclaremos que la usurpación de profesión se refiere al acto de hacerse pasar por un profesional sin contar con el título o la cédula profesional que acrediten la preparación necesaria para ejercer una determinada actividad. De acuerdo con el Artículo 250 del Código Penal Federal, esta práctica se castiga con penas de hasta seis años de prisión y multas económicas.
Sin embargo, la aplicación de la ley suele ser limitada, ya sea por falta de denuncias o por la dificultad de probar la intencionalidad del delito. En muchos casos, los falsos profesionales operan durante años antes de ser descubiertos, dejando a su paso un rastro de daños económicos, psicológicos e incluso físicos en sus víctimas.
Apenas el año pasado se volvieron virales los casos de María Milagros, en Querétaro, una supuesta médico estético que realizó por lo menos 14 cirugías hasta ser detenida por la fiscalía del estado y, por supuesto, de Marilyn Cote, que ejercía como psiquiatra sin tener la formación adecuada, administrando incluso medicamentos a sus pacientes.
Ambas, aunque no son las únicas, refrendan una vez más lo común que suele ser la usurpación en los distintos campos de la profesión. Según cifras del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), en los últimos cinco años las denuncias por usurpación de profesiones han aumentado un 25%. Esto refleja un mayor acceso a plataformas de denuncia y un incremento real en el número de casos, siendo médicos, enfermeros, dentistas, abogados e ingenieros las profesiones más afectadas debido a la alta demanda de los servicios.
Por supuesto que la corrupción ha tejido sus redes hasta el campo de las profesiones, pues de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), anualmente se detectan cerca de 2,500 cédulas profesionales falsas, principalmente en áreas técnicas y de servicios, y, de ahí, saltamos a las cédulas legalmente válidas, pero que infinidad de pseudo escuelas expiden sin que los alumnos se hayan presentado y aprobado las asignaturas de manera favorable.
Lo anterior se estima que genera pérdidas superiores a los 3 mil millones de pesos al año, considerando costos asociados a demandas, indemnizaciones y mala praxis, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Casos como el de Marilyn Cote se volvieron virales al exponerse ellos mismos en las redes sociales, sin embargo, existen un sinnúmero de falsos profesionistas que guardan un perfil bajo y donde la correcta aplicación de la justicia se vuelve en extremo compleja. Y es que la larga duración de las demandas o denuncias ante las fiscalías, la comprobación del delito, reunir a más de una víctima, y que estas se atrevan a hablar, tampoco facilita el castigo; es necesario garantizar que las denuncias sean investigadas y castigadas con prontitud para enviar un mensaje claro de cero tolerancia.
La educación, la regulación y la denuncia son herramientas esenciales para combatir este delito, proteger la integridad de los ciudadanos y salvaguardar la confianza en los profesionales que ejercen legítimamente. La usurpación de profesión es un problema serio en México, pero también es una oportunidad para fortalecer la cultura de la legalidad y la responsabilidad profesional. La clave para erradicar esta práctica está en la educación, la transparencia y la aplicación efectiva de la ley. Sólo a través de un esfuerzo conjunto entre autoridades, instituciones educativas y sociedad civil se podrá frenar esta problemática y garantizar un entorno más seguro y confiable para todos.
