BITÁCORA LEGAL
¿Puede una confesión ser producto de la violencia ejercida por la propia autoridad encargada de investigar el delito? Esta pregunta nos obliga a reflexionar sobre la distancia que existe entre la búsqueda de la verdad y el respeto al debido proceso.
Durante décadas, la confesión fue considerada la prueba más poderosa dentro del proceso penal; admitir responsabilidad equivalía prácticamente a justificar una condena. Sin embargo, la evolución constitucional y el reconocimiento de los derechos humanos han demostrado que la justicia no depende únicamente del resultado, sino del camino que la autoridad recorre para alcanzarlo.
En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos evidenció al Estado mexicano mediante el caso Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, quienes denunciaron haber sido sometidos a violencia física y psicológica para obligarlos a declararse culpables de diversos delitos. La resolución estableció que una confesión obtenida bajo coerción carece de validez jurídica y que la legitimidad del proceso penal no se basa únicamente en el esclarecimiento de los hechos, sino de que la actuación estatal respete el debido proceso y la dignidad humana.
Derivado de precedentes como este, en 2011 México impulsó una reforma constitucional en materia de derechos humanos mediante la cual se reconoció la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a la Constitución y a los tratados internacionales. Con ello, se consolidó un nuevo paradigma: la verdad procesal sólo puede construirse mediante actuaciones legales, respetuosas de la dignidad de las personas y sujetas a control judicial.
No obstante, pese a los avances normativos y al fortalecimiento del paradigma de derechos humanos, todavía continúan presentándose casos en los que la autoridad investigadora privilegia la obtención de una confesión como una vía rápida para cerrar investigaciones y ofrecer soluciones aparentes a los expedientes. La experiencia nacional e internacional ha demostrado que las confesiones falsas no constituyen hechos excepcionales, sino riesgos reales cuando el poder punitivo del Estado se ejerce sin controles efectivos.
Por esta razón, el sistema penal acusatorio moderno parte de un principio fundamental: ninguna prueba puede considerarse válida si ha sido obtenida mediante tortura, tratos crueles, presión indebida o cualquier vulneración al derecho de defensa. La legitimidad de la justicia penal no se sostiene sólo en el resultado alcanzado, sino del respeto a las garantías que protegen la libertad y la dignidad humana.
El debido proceso no representa un obstáculo para la persecución del delito; por el contrario, constituye la condición que legitima la actuación del Estado. Garantías como el derecho a guardar silencio, la asistencia de defensa adecuada desde el primer momento de la detención y el control judicial de las actuaciones buscan equilibrar la enorme desigualdad existente entre el individuo y el poder punitivo estatal. Cuando estas garantías se ignoran, el proceso penal deja de ser un mecanismo de justicia y se transforma en un ejercicio de autoridad sin límites.
Por esta razón, el debido proceso representa una decisión ética y constitucional: reconocer que incluso frente al delito el Estado debe obedecer la ley. Cuando la autoridad viola derechos para obtener confesiones, no sólo compromete un caso concreto, sino que debilita los fundamentos del Estado de derecho. La experiencia demuestra que la verdad obtenida mediante la violencia deja de ser justicia y se convierte en imposición.
Por ello, en México, al ser un estado constitucional de derecho, la verdad por sí sola no basta. La justicia sólo puede existir cuando se construye a través de procedimientos legítimos, transparentes y respetuosos de la libertad y la dignidad humana. El reto contemporáneo no consiste exclusivamente en descubrir quién cometió un delito, sino en garantizar que la respuesta del Estado sea siempre compatible con los principios que sostienen una sociedad democrática.
