PANORAMA INTERNACIONAL
En la historia reciente, las corporaciones han demostrado que pueden influir en los sistemas democráticos de maneras profundamente inquietantes. La capacidad para moldear políticas públicas y su dominio en la economía global son alcances reales para grandes empresas que acumulan un poder tan vasto que rivaliza con el de los mismos gobiernos.
El “voto corporativo”, dando la posibilidad a que las empresas puedan votar o influir directamente en políticas gubernamentales, es un concepto que presenta un dilema ético y práctico para los tiempos que vivimos. Es cierto que las corporaciones ya influyen en la política a través de financiamiento de campañas, creando plataformas de presión perfectamente legales; tras las elecciones vividas en Estados Unidos, con un gasto total de 14 mil millones de dólares, las grandes corporaciones aportaron una suma significativa a través de Super PAC (Comités de Acción Política) y grupos de "dinero oscuro", con donaciones sin límites sin la obligación de revelar su identidad. Esto permite destinar grandes sumas de dinero a publicidad, cabildeo y estrategias de campaña para apoyar a candidatos que representan sus intereses económicos y políticos con capacidad para poner en tendencia sus intereses.
La prioridad de intereses privados sobre los públicos para regresar el “favor” es una manera simple que permite argumentar cómo el “voto corporativo” no es más que la formalización de una realidad existente.
Reconocer a las corporaciones como “ciudadanos” con derecho a voto plantea preguntas sobre la naturaleza de la democracia. Los sistemas democráticos nacieron para representar a individuos, no a entidades económicas. La democracia se basa en la premisa de una persona, un voto, una representación equitativa para todos los ciudadanos. Permitir que las corporaciones voten crea un nuevo tipo de aristocracia con motores de empleo y desarrollo mucho más ágiles ante la capacidad para tomar decisiones en una sociedad en la que el capital mueve el sistema…
Considerar los impactos económicos abre la puerta a una participación corporativa formal en la democracia. En países como Estados Unidos, la influencia corporativa ha moldeado la legislación fiscal de manera favorable a las grandes empresas, lo que ha contribuido a una concentración de riqueza sin precedentes. Según datos de Oxfam (confederación internacional que combate la pobreza y la desigualdad global), las 500 corporaciones más grandes del mundo representan más del 40% del PIB global, lo que implica un poder económico que puede moldear políticas más allá de las fronteras nacionales. Si en una economía tan influyente se institucionalizara el “voto corporativo,” otros países, especialmente los más pequeños o en vías de desarrollo, podrían verse forzados a seguir el ejemplo, convirtiéndose en economías sujetas a decisiones externas y, en el peor de los casos, en colonias corporativas.
Ya metidos en el tema, seguramente usted lo vea como un sueño, un mundo global con políticas generales… Esta línea central contrasta con ideales grupales, resaltando cómo en Europa se intenta limitar el poder corporativo con regulaciones antimonopolio. El caso de la multa de 8.2 mil millones de euros impuesta a Google en 2019 por prácticas anticompetitivas muestra un camino alternativo en el que se mantiene el control estatal sobre las corporaciones. La preservación del Estado no permite institucionalizar un voto formal para las corporaciones, sabiendo que su regulación obligaría a ceder parte de su autonomía.
Nos dirigimos hacia un futuro en el que los modelos de democracia que conocemos podrían transformarse hacia sistemas híbridos de “democracia empresarial” … ¿podríamos realmente confiar en las corporaciones para priorizar el bienestar social sobre sus propias ganancias? Para muchos, la idea de un “voto corporativo” representa una invasión peligrosa al espacio democrático, mientras que otros la ven como una evolución necesaria para integrar a todos los actores de la sociedad.
